La autoridad del Minsal entregó antecedentes sobre temas como la coordinación sanitaria, la sobrecarga laboral, descansos rotativos y condiciones laborales y de traslado del personal de salud. Asimismo, se refirió al teletrabajo, los planes de salud física y mental, el cuidado de los hijos y la violencia de pacientes hacia funcionarios.

Por una parte, se llama a realizar gestiones para obtener la liberación de las patentes de propiedad intelectual de las vacunas contra Covid-19; y, por otra, a acelerar el proceso de vacunación haciéndola masiva y universal, dejando de lado la calendarización por grupos etarios.

Tres resoluciones efectúan un llamado al Presidente de la República para que se efectúe una postergación a este proceso que encabeza el SII, atendiendo razones propia de la pandemia y las restricciones sanitarias, así como por dificultades tecnológicas de la plataforma web del servicio, entre otros puntos.

La Comisión de Constitución aprobó la idea de legislar de esta normativa que busca aplicar una normativa de trazabilidad del producto, para fiscalizar desde su origen, transporte, venta y faena, definiendo a la Conaf como organismo encargado.

Ante la comisión investigadora que revisa las actuaciones en la entrega de este beneficio, el académico de la Universidad de Chile, Guillermo Sanhueza y el analista de la BCN, Matías Meza-Lopehandía, se refirieron al objetivo de reinserción, así como de la revisión de las penas.

Las integrantes de la comisión de Mujeres decidieron darle tiempo al Ejecutivo para presentar una propuesta, antes de votar en particular el proyecto que amplía el beneficio.

El objetivo es indemnizar a los funcionarios que cesen en sus cargos por no contar con los perfiles definidos o que no deseen continuar trabajando en el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia y el futuro Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

La iniciativa, que ahora fue despachada al Senado, viene a extender los beneficios de una ley vigente cuya aplicación se extingue el 7 de mayo. El presente texto, además, amplía el universo de beneficiarios del 60 al 80% de aquellos registrados en el Registro Social de Hogares y aumenta de 36 a 48 el número de cuotas para pagar los montos adeudados.

La iniciativa, enviada a segundo trámite al Senado, extiende la disposición a favor de embarazadas y personas con discapacidad.

El texto, que no alcanzó el quórum de aprobación, establecía que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado debían incorporar dentro de los planes de formación ciudadana, acciones concretas que fomenten la participación, reflexión, debate e información de las y los estudiantes respecto al proceso constituyente en curso.