A raíz del informe elaborado por la Contraloría general de la República, en relación al estado de los puentes y la ausencia en la Dirección de Vialidad de un catastro sobre la materia, el ministro Moreno detalló la información disponible y programas iniciados.

La Comisión fijó como plazo para presentar indicaciones el próximo 18 de noviembre. La iniciativa, principalmente, busca restringir la entrega de productos plásticos en el rubro de la alimentación.

El gobierno anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional por considerar que la norma infringe la Constitución Política.

En sesión especial, la Sala debatió respecto de los derechos humanos en esa nación y la postura que adoptará el Gobierno chileno al respecto.

La moción aprobada por la Comisión señala que se podrá solicitar este retiro a partir de los 10 días contados desde la promulgación de la reforma constitucional y, para todos los efectos, este retiro no constituiría renta.

La idea matriz de la norma, aprobada en segundo trámite legislativo, busca que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones y quienes comercialicen teléfonos celulares habiliten y mantengan el servicio de radiodifusión en tiempos de emergencia.

La propuesta, nacida en dos mociones refundidas, no alcanzó en la votación en la Sala el quórum de aprobación exigido, de 93 votos favorables, alcanzándose solo 78. Por efecto de lo anterior, el texto se entendió por rechazado y fue enviado a archivo.

El texto fue ratificado conforme a los acuerdos de la comisión mixta que resolvió las diferencias con el Senado, Corporación que aún debe dar su aprobación antes de su envío al Ejecutivo para su promulgación como ley. El cuerpo legal considera los recursos totales que podrá tener este Fondo, su vigencia, usos específicos, vías de financiamiento y mecanismos de control, entre otros puntos.

La iniciativa deroga la ley N° 19.223 con el objeto de adecuar la normativa nacional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Budapest, promulgado por Chile en abril del 2017 y que entró en vigencia el 28 de agosto del mismo año.

Tras las exposiciones de los acusadores y de la defensa, se siguió un debate que culminó con la votación que aprobó la admisibilidad de la acusación, la cual deberá ser defendida ahora ante el Senado.