El ministro del Interior y la subsecretaria de Desarrollo Regional se refirieron a los componentes principales del proceso en los que se incluye la tramitación de reglamentos, instalación de la nueva estructura organizacional de los gobiernos regionales y el fortalecimiento de sus capacidades.

La nueva instancia fiscalizadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

El texto, enviado ahora al Senado, permite dentro de las opciones prorrogar la vigencia del saldo no usado, por ejemplo de una tarjeta bip, o su transferencia a otro medio de pago.

El texto fue respaldado en la Sala de la Cámara por 83 votos a favor; 16 en contra y 37 abstenciones. La iniciativa deberá ser estudiada nuevamente en la Comisión de Trabajo, ya que fue objeto de indicaciones.

La propuesta fue despachada conforme a los acuerdos de la comisión mixta que vino a superar las diferencias entre la Cámara y el Senado. En el debate, varios de los intervinientes resaltaron las nuevas normas relacionadas con transparencia y fortalecimiento de la fiscalización, junto con el término del cobro de intereses sobre intereses en operaciones de créditos.

Rubén Moraga Mamani (PC) y Marcela Sandoval Osorio (RD) asumieron luego que Hugo Gutiérrez y Renato Garín decidieran competir por un cupo en la Convención Constitucional, por lo que debieron cesar en sus funciones como parlamentarios.

La instancia contó con la presencia del exdirector de Educación Pública, Rodrigo Egaña, y de la actual autoridad, María Alejandra Grebe, respecto de la cual se acordó que asista en forma permanente a la instancia.

Entre las materias consideradas están la transparencia de los agentes de mercados, la regulación de los contratos de los trabajadores de plataformas digitales, la protección de las víctimas de delitos sexuales y para permitir eventuales cambios estatutarios de las universidades estatales en el contexto de la pandemia.

Los ediles de las comunas de Traiguén y Curacautín se refirieron a los hechos ocurridos el pasado 2 de agosto, donde grupos organizados de civiles realizaron ataques y daños que afectaron a edificios municipales y a personas que se encontraban en su interior.

La norma fue discutida en la sesión de hoy, en donde el grupo parlamentario acogió una de las indicaciones presentadas sobre la materia que permite hacer uso de este derecho solo a partir de los 18 años. La instancia continuará con la votación en particular en las próximas sesiones, abordando temas como la voluntariedad del acto.