La iniciativa que, previamente, había sido aprobada por las comisiones unidas de Gobierno Interior y Constitución, propone crear en la administración pública un canal de denuncias centralizado, a través de una plataforma electrónica a cargo de la Contraloría General de la República con normas para la debida reserva de la identidad del denunciante.

En la sesión se aprobó una enmienda relacionada con los derechos de los pacientes. Además, el grupo parlamentario escuchó las intervenciones de dos especialistas en cuidados paliativos, quienes recomendaron que estos se establezcan como un deber de todos los pacientes que padecen enfermedades irremediables.

La norma busca que los vecinos puedan instalar medidas para restringir el acceso de las personas y así evitar que sus autos o sus bienes sean atacados por la delincuencia.

Entre las propuestas legislativas aprobadas están la que permite el voto adelantado y la que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia. Los tres informes relacionados a temas de la pandemia fueron aprobados el jueves.

Si bien se aprobó la totalidad del texto, por el carácter técnico y lo extenso del proyecto se revisará detalladamente su redacción y se despachará en la próxima sesión de la instancia.

Ante la Comisión de Cultura de la Cámara, dirigentes de la directiva de la organización lamentaron la desvinculación de dos denunciantes, hecho que se suma a otros dos casos ocurridos en años anteriores.

La instancia aprobó artículos para determinar el destino de bienes decomisados vinculados a delitos de producción y tráfico de drogas.

El proyecto de ley aprobado por la Comisión plantea definiciones, formas de representación legal y el ámbito de aplicación del tipo de labor, así como también los derechos para trabajadores y trabajadoras de estas aplicaciones.

Las y los diputados respaldaron el informe de la instancia en el que se señala que el procedimiento de facturación provisoria causó distorsiones en las cuentas de la luz que afectaron a miles de familias que aún están endeudas.

El informe de la comisión investigadora plantea desaciertos comunicacionales, acusa responsabilidades de las autoridades políticas y falta de rigurosidad metodológica en la entrega de los reportes, al tiempo que propone un rediseño en el manejo de la pandemia.