La Comisión de Constitución inició la votación del proyecto que facilita la inscripción de candidaturas independientes. El grupo parlamentario también escuchó la postura del gobierno sobre la iniciativa que reduce el número de parlamentarios.

El documento señala que el ex secretario de Estado infringió gravemente la Constitución al poner el riesgo la vida y la salud de la población y por faltas a la probidad y el ocultamiento de datos.

En forma unánime, diputadas y diputados respaldaron el mensaje del Ejecutivo que excluye de la rebaja de condena a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra menores de edad.

La iniciativa, que fue despachada a segundo trámite el Senado, regulariza la situación de los Cosoc, cuyas elecciones se vieron afectadas por la pandemia de Covid-19.

La iniciativa, que ya contaba con la aprobación del Senado, define un periodo de dos años en los cuales podrán ejercer su profesión en el sistema público de salud médicos cirujanos que hayan obtenido su especialidad en Chile o en el extranjero y que aún no cuentan con la certificación respectiva.

Ante la Comisión de Derechos Humanos, el Ministerio Público indicó que existen más de ocho mil víctimas, mientras que Carabineros informó que se han formulado cargos a un total de 170 funcionarios a nivel nacional, 16 de los cuales fueron dados de baja por la institución.

También avanza otra iniciativa de origen parlamentario que permitiría regresar de manera segura a los niños y niñas de los establecimientos de educación parvularia.

Los parlamentarios conocieron antecedentes sobre la estrategia nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento de pacientes como, además, del fortalecimiento de las redes asistenciales.

Además, la Sala de la Cámara contempla analizar la iniciativa que dispone de una prórroga del mandato actualmente vigente de los consejeros comunales de organizaciones de la sociedad civil y una propuesta que habilita, por dos años, a los médicos cirujanos que hayan obtenido su especialidad en Chile o en el extranjero para ejercerla en el sector público, pese a no contar con la certificación respectiva.

Luis Ávila se refirió a los problemas generados por la aplicación de la facturación provisoria por las empresas distribuidoras, durante el tiempo de pandemia, lo que generó cerca de 60 mil reclamos.