En la sesión, representantes de gremios del transporte público, taxis y colectivos, manifestaron que no fueron escuchados en la mesa de acuerdo con las autoridades y que, respecto a los requisitos establecidos, quedarían miles de trabajadores fuera del beneficio.

La iniciativa, analizada por la Sala de la Corporación en segundo trámite, no obtuvo el respaldo suficiente para aprobar la idea de legislar dado el alto quórum exigido.

Conforme a lo establecido por la Constitución, se informará sobre el hecho al Presidente de la República, quien podrá solicitar que el mensaje pase al Senado y, si este lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y solo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

Un grupo de abogados y académicos entregó sus observaciones a la iniciativa que establece una tasa de gravamen de 2,5% sobre el patrimonio bruto de personas, igual o superior a $22 millones de dólares, también conocido como “impuesto a los súper ricos”.

El titular de la Corporación fue parte de este encuentro sostenido con el Consejo de Lonkos y la Corporación de Machis.

La propuesta legal establece sanciones penales y multas para quienes, sin la autorización debida, fabriquen, armen, elaboren, adapten, transformen, importen, internen al país, exporten, transporten, almacenen, distribuyan, ofrezcan, adquieran o celebraren convenciones respecto de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza.

La norma, despachada ahora al Ejecutivo, permite ampliar hasta diciembre el periodo de regularización definido en una ley publicada en febrero que permite que las multas puedan ser extinguidas mediante el pago del monto menor, entre el 20% del importe total de las multas o 100UTM.

El texto, despachado en segundo trámite legislativo, incorpora a las y los trabajadores de casa particular a las prestaciones de la cuenta individual y del Fondo Solidario, para lo cual define un sistema de financiamiento que pasa por dividir la actual cotización del 4,11 %, de cargo del empleador, en dos cotizaciones distintas.

La iniciativa, aprobada en segundo trámite y despachada al Ejecutivo, indica que los productos farmacéuticos podrán ser expendidos por cualquier establecimiento autorizado para ello, mostrando una copia de la receta médica que los prescriba, ya sea en formato físico o digital.

Mañana, la Sala deberá pronunciarse sobre el libelo, donde la defensa de la jueza planteará la denominada "cuestión previa" que apunta a que la acusación no cumple con los requisitos formales que señala la Constitución.