La iniciativa fue despachada por la Cámara en los mismos términos que lo planteado por el Senado. En lo medular, permite que el instituto emisor, cuando así lo requiera la preservación del funcionamiento de los pagos internos y externos, pueda comprar, para fines de provisión de liquidez, instrumentos de deuda emitidos por el fisco.

La iniciativa aprobada hoy por la Cámara busca ayudar a los deudores morosos en tiempos de pandemia y considera créditos con aval del Estado, del Fondo Solidario, de Corfo, y cualquier otro destinado a financiar estudios superiores.

Iniciativa plantea que los funcionarios de la DGAC no se encuentran suficientemente resguardados cuando, por emergencias, deben salir del aeropuerto con sus carros bomba y, por ello, se requiere de un reconocimiento legal explícito para que no sufran sanciones en el cumplimiento de su labor institucional.

La Comisión de Economía entregó un respaldo unánime a la iniciativa, aunque a juicio de la empresa Equifax se trataría de una medida poco efectiva.

Una de las propuestas busca establecer como condición para retomar las clases presenciales el cese del estado de catástrofe; mientras que la segunda tiene por finalidad instituir normas que faciliten el retorno de los estudiantes a la actividad académica.

En sesión especial, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó el actual escenario derivado de la pandemia, así como también las estrategias de control de la misma, implementadas por la autoridad.

Víctor Pérez se refirió en la Comisión de Gobierno Interior a la tramitación de los proyectos que permitan el correcto desarrollo del plebiscito del 25 de octubre, en el marco del Covid-19. También analizó la situación de La Araucanía y detalló que el Gobierno tiene la voluntad de presentar proyectos de ley en esta materia.

Previo al despacho de la propuesta legal, la Comisión de Hacienda recibió la opinión de los expresidentes del Banco Central, Vittorio Corbo y Rodrigo Vergara, quienes coincidieron en destacar su finalidad y alcances.

La iniciativa se enmarca en una serie de propuestas legales que se discuten entre el Congreso, el Ejecutivo y el Servicio Electoral para regular el Plebiscito del 25 de octubre.

El proyecto faculta al Presidente de la República a reservar el uso prioritario del agua al consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública.