El proyecto dispone una serie de medidas para combatir el narcotráfico, en contra de quienes conforman estas organizaciones delictivas, con especial acento en acciones destinadas a limitar su capacidad económica.

El texto legal busca considerar al Selk´nam como pueblo vivo, con el reconocimiento de los descendientes de quienes lograron sobrevivir al pasado exterminio ocurrido en el territorio austral.

El proyecto, que vuelve al Senado a tercer trámite constitucional, establece que quienes integran las directivas permanecerán en sus cargos hasta tres meses después de terminado el estado de excepción constitucional por la pandemia de Covid-19.

La iniciativa, que originalmente contemplaba una suspensión del Simce en 2020, en razón de la pandemia y sus efectos, también buscó incluir una norma que definía que las evaluaciones que se realizaran a los estudiantes debían ser de tipo muestral y con acuerdo de los establecimientos educacionales. La disposición, sin embargo, no logró aprobarse.

Por unanimidad, la Comisión de Economía aprobó la propuesta parlamentaria que busca mayor transparencia en las instituciones financieras respecto de la entrega y tramitación del Crédito del fondo de garantía para pequeños empresarios, Fogape.

La iniciativa, valorada por los integrantes de la Comisión de Salud, incorpora un fuero laboral para los trabajadores y trabajadoras diagnosticados con cáncer.

Para la discusión de esta propuesta legal, enfocada en los efectos económicos que la actual pandemia tiene en los estudiantes y sus familias, el grupo parlamentario recibió la opinión de rectores, fundaciones, CFT, estudiantes y del Gobierno.

Con la participación del ministro de Justicia, Hernán Larraín y representantes de la Defensoría Nacional de la Niñez, la instancia legislativa avanzó en la votación de tres artículos.

En la misma sesión, la Comisión recibió a representantes del Servicio Electoral (Servel) que entregaron su opinión respecto del proyecto que pretende perfeccionar la legislación electoral vigente y fortalecer la democracia.

El texto, devuelto a la Comisión de Defensa para un segundo informe, establece la obligación expresa para el personal de denunciar irregularidades y faltas a la probidad de las que tengan conocimiento, al tiempo que se brinda un marco de protección al denunciante para avanzar en esta línea.