En la instancia, expuso sobre las medidas aplicadas desde el inicio de la crisis en Chile y aclaró las contrataciones de centros hospitalarios y residencias. En la sesión también participaron el director de la Cenabast, la subsecretaria de Evaluación Social y la periodista Alejandra Matus.

La propuesta normativa, presentada por el Ejecutivo en 2017, surgió de un trabajo conjunto con la Cámara de diputadas y diputados y el Senado, y tiene como base más de treinta mociones parlamentarias que buscaban modificar esta ley a 20 años de su vigencia.

El debate de la Comisión se centró en el funcionamiento del nuevo permiso para empresas o instituciones esenciales, que entró en vigencia el 12 de junio, para que sus trabajadores puedan asistir de manera presencial a sus lugares de trabajo y/o circular en el ejercicio de sus funciones.

El Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados respondió a la propuesta que se hiciera desde La Moneda para perfeccionar criterios que determinen la admisibilidad de los proyectos de ley en el Congreso Nacional.

La Comisión, tras un amplio debate que abordó las diversas posturas que existen sobre la propuesta, ya despachada por Educación, acordó realizar audiencias antes de votarla y despacharla a la Sala.

En forma unánime, la Comisión de Economía respaldó la iniciativa que busca asegurar la debida información a los clientes y sancionar cualquier amenaza de arbitrariedad por parte de las instituciones financieras.

Las propuestas a abordarse este martes 23 de junio refieren a facilitar la denuncia por faltas a la probidad al interior de las FFAA; incorporar al pueblo Selk´nam entre las etnias indígenas reconocidas por el Estado; e incorporar la inhabilitación absoluta perpetua para dirigentes deportivos frente a determinados delitos.

En el contexto de la crisis producto de la  pandemia por Covid diputados de diversas colectividades presentaron propuestas legislativas para suspender los incrementos de los precios de los planes de salud de las Isapre mientras dure la emergencia, así como dichos costos suban al término de ésta.

Mientras que los legisladores y los estudiantes avalaron la propuesta, al tiempo que reconocieron su urgencia y necesidad, el Ejecutivo la objetó y la calificó como “inconstitucional”.

Las y los parlamentarios avanzaron en la votación del texto legal, desde el artículo 15, sobre circunstancias agravantes; hasta el artículo 18, sobre determinación judicial de la pena.