Para analizar este tema concurrieron con su testimonio el subsecretario de Pesca y el jefe de la División Jurídica del organismo. Transversalmente, el grupo parlamentario respaldó que se defienda ante el TC la aplicabilidad de la normativa.

Distintas asociaciones manifestaron su preocupación por la seguridad, tanto de internos como de funcionarios en los traslados desde los centros penitenciarios. Asimismo, llamaron a contratar mayor personal de salud para el área con el fin de reforzar los procedimientos en las poblaciones penales.

La resolución aprobada pide, además, que el Ministerio de Hacienda comparta el resultado de estudios efectuados sobre la tasa impositiva a este sector, entre otras consideraciones.

La petición aprobada por la Cámara señala que urge tomar el control de la crisis sanitaria, reduciendo la alta tasa de contagio y enfrentar los efectos de la recesión económica, cuyas proyecciones indican una caída del PIB entre un 5 y 8%.

Debido a los problemas del cambio climático y la sequía que aqueja a Chile, los/as diputados/as proponen la creación de una Secretaría de Estado que concentre en ella todos los servicios y unidades que existen en el aparato estatal para coordinar políticas que ayuden a maximizar el uso de este valioso recurso.

La resolución solicita que el profesional articule todas las acciones en la materia, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública o desde la Presidencia, y que trabaje en coordinación interministerial, con especial énfasis en las repercusiones de la emergencia sanitaria.

Las diputadas y diputados resaltan en la resolución que esta patología es de alto costo, lo que inhibe la consulta y, sobre todo, el seguimiento periódico del tratamiento, una de las causales más habituales en el aumento progresivo de la enfermedad.

Asimismo, se abordan asuntos relativos a la propaganda electoral, desarrollo social y penas alternativas de prestación de servicio a la comunidad.

Entre los puntos centrales de la iniciativa, se establece la creación de un canal de denuncia centralizado, soportado a través de una plataforma electrónica, a cargo de la Contraloría General de la República; y se disponen normas para la debida reserva de la identidad del denunciante.

La comisión investigadora Covid-19 recibió al organismo para conocer los criterios en la entrega de cifras de fallecidos.