La iniciativa, enviada por la Sala de la Cámara a segundo trámite al Senado, suspende los plazos establecidos en la Ley del Deporte, durante la vigencia de un estado de excepción.

La propuesta, abordada conforme a los acuerdos de una comisión mixta, fue derivada al Senado, institución que, de aprobarla, posibilitará su envío al Ejecutivo para su promulgación como ley. El texto regirá para usuarios que acrediten determinadas circunstancias que les impida cumplir con sus obligaciones de pago durante el contexto sanitario y económico derivado por el Covid-19.

La norma, que será analizada en particular por la Comisión de Salud, establece que, en un estado de excepción constitucional, se podrá dar tratamiento de datos sensibles a aquellas informaciones relativas al diagnóstico de la enfermedad que dio origen a la pandemia o epidemia.

En la sesión, el ministro Alfredo Moreno explicó algunas de las gestiones realizadas con las concesionarias, de modo que se realice una correcta aplicación de las cláusulas contractuales. Entre los datos aportados, reveló que, en los últimos meses, se detectó que las Autopistas Vespucio Norte y Sur, así como la Central, “estaban cobrando tarifas indebidas en algunos de sus pórticos. El tema continuará discutiéndose en una próxima sesión, aún por definir.

La instancia analizó las acciones emprendidas por el Ejecutivo en materia internacional, considerando el escenario que se configura con la pandemia de Covid-19.

Quienes integran la Comisión acordaron enviar un informe a la Sala que señale la necesidad de que el proyecto sea votado en general en esta instancia para que, luego, pase a la Comisión de Salud y proceda a su debate en particular.

La iniciativa, valorada por los integrantes de la Comisión de Constitución de manera trasversal, pretende crear figuras que sancionen penalmente la especulación de precios, resolviendo un vacío que, a propósito de la exposición constante de nuestro país a catástrofes naturales, queda a la vista cada vez que tiene lugar una calamidad.

La propuesta abordada por las y los legisladores de Trabajo adecua la legislación chilena en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes en el mundo laboral.

El texto fue calificado como un proyecto de necesidad e importancia urgente. La instancia acordó un plazo de15 días para ingresar indicaciones.

La Cámara respaldó el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias con el Senado respecto de esta propuesta legal, que permitirá que los dirigentes continúen en sus cargos hasta tres meses después de finalizado el estado de excepción constitucional a causa del Covid-19.