La Comisión de Desarrollo Social continuó el debate de este proyecto de ley con la participación de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. La iniciativa busca garantizar el derecho al cuidado, promover la igualdad de género y fortalecer la autonomía de personas dependientes.

Parlamentarios que integran la Comisión de Pesca valoraron la tramitación separada del fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial, pues permitió despejar debates del actual proyecto en discusión.

Ante recientes casos de violencia animal, como el ocurrido contra un perro en la comuna de Talagante, y llamados desde el mundo civil para modificar la “Ley Cholito”, la comisión analizó la necesidad de perfeccionar el marco legal vigente e impulsar nuevas mejoras en sus alcances.

Para esta discusión, el grupo parlamentario contó con la participación de representantes de la Directemar y del mundo del surf. El texto se encuentra en segundo trámite en la Cámara.

La Comisión de Hacienda respaldó la totalidad de las normas de su competencia. Además, profundizó en ciertas disposiciones como la fiscalización de emisiones de ruidos.

El diputado Cristián Tapia presidirá la instancia que estará encargada de reunir antecedentes sobre determinados actos del Gobierno en relación al Acuerdo entre Codelco, Corfo y SQM para la explotación del litio.

La Comisión de Defensa culminará la votación del proyecto la próxima semana. Sólo quedan pendientes normas referidas a la Escuela de Inteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil.

La Sala de la Cámara objetó parte de las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto que contempla un nuevo sistema de nombramiento, inhabilidades y límite de edad para ejercer los cargos. La idea es perfeccionar la norma en materia de estándares de transparencia y probidad del sistema notarial.

La Sala aprobó en general un proyecto que propone que el pago de los honorarios de abogados defensores de imputados por delitos de drogas no se realice en efectivo, sino a través de cheques, vale vista o transferencia, imponiendo sanciones para los infractores.

La normativa, revisada según un informe de comisión mixta, define medidas de seguridad, como la individualización de los usuarios, protección de datos personales y la obligación para las concesionarias de contar con un sistema de bloqueo efectivo de los dispositivos robado.