La instancia, que se reunirá este 12 mayo para votar hasta total despacho la iniciativa, escuchó este lunes a diversos expertos e involucrados en la materia, con el fin de aunar un texto que vaya en beneficio inmediato de la ciudadanía.

Se estimó que, hoy, no existen las condiciones para un retorno generalizado a clases y se pidió que, previamente a la adopción de esa medida, se consideren situaciones como verificar que los establecimientos tengan los suficientes elementos de seguridad e higiene, la relación que existe entre niños que conviven con adultos mayores, los menores que sufren patologías agudas graves y los adultos mayores que laboran aún en el sistema educactivo.

La petición surge en el contexto de la pandemia Covid-19, que ha revelado un aumento explosivo de casos de violencia al interior de los hogares durante el confinamiento.

La resolución tiene por objeto que las radios puedan seguir pagando el sueldo a sus trabajadores, costeando sus gastos fijos y, fundamentalmente, para que continúen realizando la labor de informar a la población.

La medida impulsada por parlamentarios de la UDI apunta también a que se rebaje, en el más breve plazo, el monto de gastos operacionales.

Asimismo, se consideran propuestas relacionadas a Gendarmería, restricción de gastos en viajes de parlamentarios y para resaltar la labor de los trabajadores del área de la salud.

El grupo parlamentario dio un nuevo paso hacia la aprobación del proyecto que busca eliminar las generadoras a carbón del país, reemplazándolas por energías más limpias. En su última jornada, escucharon a representantes del Ejecutivo, de las empresas generadoras y agrupaciones de las zonas afectadas.

Por medio de la resolución 1049, las y los parlamentarios solicitaron al Presidente, Sebastián Piñera, que fije las condiciones sanitarias mínimas que deben cumplirse para el retorno a clases.

En el acuerdo aprobado por la Sala se resalta que los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores han sido víctimas reiteradas de brotes de Covid-19, lo que ha significado una propagación inmediata a la mayoría de sus residentes y funcionarios.

La propuesta, que será analizada por una instancia conformada por diputados/as y senadores/as, propone una institucionalidad que tendrá como misión realizar diagnósticos respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y procurar la reparación de estos mediante programas especializados.