Ante la instancia, también expuso el abogado constitucionalista Luis Silva, quien señaló que el reproche de inconstitucionalidad que está dirigido a la autoridad regional, “en realidad es un reproche al Decreto Supremo 1.086”.

Además, existen propuestas que modifican la ley orgánica del Congreso Nacional y para imponer responsabilidad penal a las personas jurídicas por el delito de colusión y consagrar el comiso de las utilidades como sanción adicional.

La resolución expone que la ley que las creó no es clara en indicar la obligatoriedad y responsabilidad del Estado frente a los gastos pecuniarios y monetarios en que incurren estas agrupaciones de interés público.

En el contexto de la interpelación, el diputado Jaime Mulet consultó sobre la posibilidad de hacer cambios concretos y de relevancia en temas como las pensiones, al tiempo que se indagó sobre materias como la posición respecto de los abusos de las concesionarias, la reforma tributaria y el salario mínimo.

El objetivo es sancionar penalmente a quienes promuevan discursos que generen una apología del odio y que inciten actos de violencia afectando a un grupo de personas o a sus miembros, en base a lo dispuesto tanto en los pactos internacionales de derechos humanos, como el ordenamiento jurídico interno.

El texto señala que la Convención Multilateral permitirá incorporar, a ciertos convenios tributarios bilaterales suscritos por nuestro país, algunas normas que garanticen su uso apropiado y no abusivo, así como también, mejorar los mecanismos de solución de controversias mediante el procedimiento de acuerdo amistoso que contemplan dichos convenios.

Entre las medidas se propone postergar la declaración y el pago del IVA de las mipymes correspondiente a los períodos de octubre, noviembre y diciembre de 2019, hasta febrero de 2020, con caídas de ventas en octubre o noviembre de 2019.

El profesor de Derecho Constitucional, Christian Viera, expuso que el derecho a reunión se ejerce sin permiso previo. A su juicio, existió inhibición del derecho a la protesta, durante las manifestaciones en la capital, lo que supone violación de garantías fundamentales.

En la instancia, alertaron frente al incumplimiento de los protocolos por parte de las fuerzas policiales, el uso de elementos disuasivos no autorizados y la agresión a personal de salud que se encuentra en las manifestaciones que se desarrollan en el país.

La instancia que indaga el proceso de recolección, evaluación y análisis de información de organizaciones sociales, políticas y actores relevantes por parte de Carabineros, definió este procedimiento para garantizar el éxito de la investigación.