En el marco de la premiación del Concurso de Memoristas, que organiza año a año la Cámara de Diputados, el titular de la Corporación analizó el actual escenario del país.

Después de escuchar a la defensa y a los cinco integrantes de la comisión que evaluó el libelo, la Corporación votó y aprobó la llamada "cuestión previa", que determina que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala y, por tanto, se la entiende como no presentada.

Domingo Acosta sostuvo que el libelo acusatorio no cumple con los requisitos formales exigidos por la Constitución Política y que, por tanto, se debe aceptar la cuestión previa y dar por no presentada la acusación.

La oposición presentó un documento que incluye varias modificaciones al acuerdo de la comisión técnica para definir un itinerario del proceso constituyente, que fue analizado por las/os diputadas/os de la Comisión de Constitución, sin llegar hasta el momento a un acuerdo transversal.

La primera acusación constitucional presentada contra un presidente en el ejercicio de su cargo fue en 1956, a Carlos Ibáñez Del Campo.

En el caso de deducirse la cuestión previa, esto es, que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala, la Cámara la resolverá después de oír a los diputados miembros de la comisión informante. Esta sesión está citada hasta el total despacho de la acusación.

Ante la Comisión de Salud, la FNE informó que el 80% de los medicamentos registrados no son bioequivalentes y que el 90% de las ventas de los fármacos son de marca. Se sostuvo que por medio de medidas que resuelvan esas situaciones, los precios de los medicamentos deberían bajar, al menos, entre un 20% y un 40%.

El texto señala que con la dictación de una ley se generaría un avance en el abordaje integral de la problemática del suicidio, debiendo contemplar definiciones a propósito del rol del Estado y su articulación con la comunidad.

La resolución busca, además, ordenar la prohibición de utilizar insecticidas que hayan sido declarados letales para esta especie dentro de la zona silvoagropecuaria de nuestro país.

Las propuestas, entre otros puntos, consideran necesario replicar en la mayor parte de los consulados el modelo de agentes consulares de la PDI, que pueden estar en permanente contacto con nuestro país para advertir cualquier irregularidad.