La resolución señala que no existen razones de fondo que justifiquen la distinción que actualmente se hace con niños que, por su edad y situación socioeconómica, lo necesitan.

El documento pide al ministerio de Desarrollo Social y Familia la realización de este registro, pues sin él no es posible diseñar políticas sociales específicas y que se sostengan en el tiempo en beneficio de estas personas.

La resolución solicita, además, la posibilidad de que los deportistas puedan acceder a una carrera de estudios superiores gratuita, una vez que se produzca su retiro.

La resolución, presentada a la Cámara por la diputada Paulina Núñez, llama al Gobierno a estudiar la factibilidad técnica y las formas de financiamiento que permitan llevar a cabo este anhelado proyecto.

Ante la comisión de DD.HH., el ministro Hernán Larraín descartó reponer el bono reparatorio para los sobrevivientes de la tortura y la prisión política, así como también conformar una comisión permanente de calificación.

La Comisión de Economía espera finalizar la próxima semana la tramitación de la iniciativa que facilita de manera significativa el proceso de portabilidad financiera, permitiendo que los beneficiados cambien al proveedor de sus servicios financieros, sin necesidad de acudir al proveedor inicial.

El grupo parlamentario acordó fijar hasta el 24 de octubre la presentación de indicaciones y comenzar la votación en particular el martes 5 de noviembre, ocasión donde se determinarán las alternativas que existirán para el tratamiento de estos animales.

En la sesión, los y las integrantes de Desarrollo Social contaron con la opinión del Ministerio de Justicia, que se mostró favorable a avanzar en mayores protecciones para los adultos mayores. Sobre la segunda propuesta, en tanto, observó más problemáticas que beneficios, punto que contrastó con la Defensoría de la Niñez.

Asimismo, las propuestas consideran la creación de nuevas celebraciones nacionales, limitar aún más el consumo del tabaco y aplicar nuevas sanciones a los políticos transgresores de la ley.

El proyecto, presentado por diputados, modifica la ley que norma los contratos de suministro y prestación de servicios, con el objetivo de que se dé la preferencia a los oferentes que fomenten el cuidado del planeta.