La Comisión de Constitución aprobó una iniciativa refundida que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos.

La iniciativa permite, entre otras materias, la apelación ante el Consejo Nacional de Educación de la decisión de acreditación adoptada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), tanto de carreras y programas de pregrado de acreditación obligatoria, como respecto de aquellos de acreditación voluntaria.

La propuesta, derivada ahora al Senado, viene a flexibilizar para estos sectores una norma definida en el contexto de la Ley que establece el pago de las facturas a 30 días, que excluyó el formato papel y dejó como única vía la electrónica.

Teodoro Ribera afirmó ante la Comisión de RREE que Chile no está a favor de la intervención de las fuerzas armadas para dar solución a la crisis que afecta a la República Bolivariana y que esta ha sido la condición para apoyar la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

La Comisión de Defensa aprobó en general el texto y acordó la fusión de esta normativa con un segundo proyecto sobre la materia recientemente ingresado a tramitación.

La iniciativa, despachada por la Comisión de Constitución, indica que los procedimientos nacionales de extradición deben hacerse cargo de exigencias que, al no estar reguladas, o bien, no han sido suficientemente regladas, han conllevado la obstaculización e, incluso, la denegación de solicitudes de extradición, por cuestiones netamente procesales.

A la sesión especial asistió el ministro (s) de Medio Ambiente, Felipe Riesco, quien respaldó los requerimientos parlamentarios y anunció que el Gobierno presentará durante este año un proyecto de ley marco de cambio climático.

La Comisión de Hacienda culminó en la presente jornada con la votación del articulado de la propuesta del Ejecutivo que, según palabras del ministro Felipe Larraín, conservó entre el 90 y 95% de lo planteado por el Gobierno.

En la oportunidad, el titular de la Corporación respaldó las demandas realizadas por los concejales y reiteró la necesidad de entregarle mayor autonomía a la institucionalidad que, aseguró, es la primera línea de contacto con la comunidad.

La propuesta, originalmente concebida como sistema de clase media protegida, crea un modelo de gestión para coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad; entregar información clara, oportuna y personalizada sobre ella; y simplificar el acceso a esta.