La instancia inició hoy su última jornada de votación de la propuesta impulsada por el Gobierno que contempla entre sus lineamientos nuevas herramientas antielusión, beneficios para las pymes y adultos mayores y el término del sistema tributario atribuido impulsado por la administración de Michelle Bachelet.

En la resolución se explica que el Código del Trabajo contempla normas que exceptúan de negociación colectiva a los sindicatos de empresas cuyo presupuesto proveniente de arcas fiscales supere al 50%, considerando los últimos dos ejercidos contables.

La resolución tiene como objetivo considerar una ampliación de las zonas de ejecución del programa a aquellas que abarcan cabeceras de provincia que no han sido consideradas con anterioridad.

La Comisión de Seguridad Ciudadana inició la votación del articulado de la normativa, trámite que continuará esta semana.

El mecanismo, que desde el año pasado ya estaba operativo en la zona norte, centro y sur del país, suma este año a la región Metropolitana y deberán participar en él quienes postulen a los niveles de prekínder, kínder, 1ro básico, 7mo básico y 1ro medio.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género junto a su par de la Secretaria General de la Presidencia plantearon a la Comisión de Gobierno Interior su apoyo al proyecto que amplia la Ley de Cuotas para elecciones de concejales. Sin embargo, no respaldan que aplique también a elecciones de alcalde y gobernadores.

La iniciativa, que se encuentra siendo analizada por la Comisión de Educación, será votada en particular la próxima semana a la espera de la revisión de indicaciones por parte del Ejecutivo. Durante la misma sesión, la instancia aprobó y despachó a Sala el proyecto conocido como “Ley Machuca”.

El ministro de Defensa y el subsecretario para las Fuerzas Armadas explicaron los alcances del decreto presidencial que autoriza la colaboración de las ramas castrenses con autoridades civiles y policiales, para el combate del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Además, entre las propuestas legislativas presentadas por diputadas y diputados se encuentran materias relacionadas a los ámbitos de vivienda, derechos de los consumidores y bancos.

La Comisión de Relaciones Exteriores emitió una declaración pública en la que rechazó el pronunciamiento de esta instancia internacional, por considerar zanjada la materia tras el correspondiente fallo de La Haya.