La resolución solicita al Gobierno tomar las medidas necesarias y terminar con la brecha que sitúa a Chile dentro de los países de Latinoamérica con el valor del pasaporte más caro.

El grupo parlamentario revisó la situación de los ciudadanos venezolanos que quedaron varados en el paso Chacalluta, luego de que se modificaran los requisitos exigidos para su ingreso al país.

Entre las propuestas presentadas esta semana también se encuentran iniciativas relacionadas con transparencia en elecciones populares, causales de cesación del cargo de alcalde y con el objeto de proteger a los consumidores.

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género despachó a su par de Gobierno Interior la moción que establece para las próximas cuatro elecciones una cuota tope de 60% de candidaturas del mismo género para los cargos de elección de autoridades comunales y regionales.

La iniciativa, que busca disminuir las asimetrías de información, incorporando estándares de transparencia y probidad, avanzó en la integración del consejo de nombramiento y en parte de lo que se ha denominado “desnotarizar” una cantidad importante de trámites que actualmente realizan en estas entidades.

Entre los puntos sancionados destaca la aprobación, con votos del oficialismo, la DC y el PS, del nuevo Consejo de Administración de Seguros Sociales, ente público que administrará el 4% de ahorro previsional y otros seguros sociales que crea el proyecto.

El primer acuerdo brinda nuevas opciones de financiamiento para proyectos de infraestructura de mediano y largo plazo para nuestro país. El segundo, busca eliminar una situación de discriminación frente al Impuesto al Valor Agregado entre las empresas chilenas y chinas dedicadas a la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional.

La propuesta, que ahora pasó a segundo trámite legislativo, entrega la definición de conceptos fundamentales para el entendido de esta ley, como por ejemplo qué se entiende por enfermedad terminal, y elabora un listado de derechos que poseen las personas en dicha situación y las responsabilidades que le caben al Estado en la materia, en el marco de sus posibilidades.

Por medio de un proyecto de acuerdo, la Corporación destacó la decisión de Sebastián Piñera de requerir a las Naciones Unidas que ponga a disposición de la Corte Penal Internacional, las conclusiones, antecedentes y evidencias del informe dado a conocer recientemente sobre la situación de derechos humanos existente en Venezuela.

Conforme al oficio del Ejecutivo, el proceso de denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas surtirá efectos a partir del 14 de diciembre de 2019.