Analizar y discutir aristas del denominado “caso Hermosilla”, en particular, aquellos vinculados con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, fue la finalidad de una sesión especial celebrada esta tarde por la Sala de la Cámara.
En representación de los 53 diputados y diputadas que solicitaron la cita, abrió la diputada Camila Rojas (FA). En su discurso sostuvo que existen, al menos, tres hechos vinculados al exministro que son de especial interés.
El primero de ellos, sería el pago realizado por el abogado Luis Hermosilla para la defensa de Chadwick en la acusación constitucional en su contra. Sobre el punto, cuestionó que pudo pagarse con financiamiento ilícito. Lo segundo apuntaría a 17 transferencias millonarias hasta 2023. “¿A qué corresponden dichas transferencias?”, cuestionó la legisladora.
El tercer hecho refiere a una posible vinculación con el “caso Penta”, donde se habría solicitado su intervención para darle una salida. “Son interrogantes de alto interés político y social respecto de las cuales esta Cámara no puede quedar ajena”, planteó.
Finalmente, entre otras observaciones, llamó a la derecha a no realizar defensas por “lealtad política” y dejar que “la justicia funcione”.
También en el tiempo previo, el diputado Luis Alberto Cuello (PC) cuestionó que la UDI se ausentara de la Sala y no dieran el respaldo para invitar a la sesión al exministro.
Asimismo, recalcó que no aceptarán una salida arreglada, ni clases de ética, ni condenas simuladas.
El legislador llamó a la UDI y RN a dar explicaciones al país, sobre la relación que tienen con Luis Hermosilla. Paralelamente, que entreguen toda la información sobre la red de tráfico de influencias que operó en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
De igual manera, que Andrés Chadwick exhiba sus cuentas bancarias y se ponga a disposición de colaborar con la justicia.
El diputado Cuello recordó que el exministro Gonzalo Blumel, en su libro “La vuelta larga”, afirmó que Hermosilla era parte del gabinete del Ministerio del Interior. Además, Cuello recordó que el abogado defendió a Chadwick en la acusación constitucional y le habría transferido “30 mil euros provenientes de la empresa Factop”.
PSC, PREP y DEM
El diputado Roberto Arroyo (PSC) estimó que los escándalos de corrupción conocidos han revelado deficiencias graves en el sistema. Además, lamentó que haya “salpicado” a instituciones públicas y al mundo político. En este plano, consideró que faltan controles efectivos y enfrentar el abuso de poder en algunos organismos del Estado. Así, llamó a cuidar la democracia y recuperar la confianza de la ciudadanía.
Por otra parte, la diputada Chiara Barchiesi (PREP) criticó que, a partir de esta sesión, se reduzca el tema a si Hermosilla es de izquierda o de derecha o un lobbista, etc. Recalcó que Luis Hermosilla es un corrupto y que este caso evidencia que hay una red política subterránea donde confluyen sectores que, a ojos del país, parecían incompatibles.
Recordó, asimismo, que el Partido Republicano, desde hace un año, tenía claro dónde estaba fallando el sistema de justicia y, por eso, propusieron un cambio en el proceso constitucional.
Agregó que seguirán insistiendo para que “en nuestras instituciones no haya espacio para la corrupción”.
A su vez, el diputado Miguel Ángel Calisto (IND-DEM) manifestó que es lamentable el “espectáculo que realiza la Cámara”.
Enfatizó que “la verdad es que lo ocurrido con Hermosilla reveló la red de corrupción transversal que afecta a la institucionalidad del país. Dijo que es un problema grave y, por ello, solicitó centrar el debate en el tema de fondo de cómo esto afecta al Poder Judicial.
Por eso, planteó que el Congreso debe poner el foco en avanzar en la reforma para discutir el régimen de nombramiento de jueces y ministros, porque evidentemente ahí está el problema. “Es un poder del Estado (…) ha salpicado al mundo político”, remarcó.
RN y UDI
Miguel Mellado (RN) cuestionó que se haya hecho una sesión especial solo para hablar de este tema, con foco en el exministro. Por ello, observó que no se realizó en la misma línea una jornada para analizar el “caso Convenios”.
En tal contexto, remarcó que se hacen acusaciones sin que existan resoluciones judiciales y sobre hechos que aún están siendo investigados. “Me resulta algo burda y totalmente inconstitucional la intencionalidad política de esta sesión”, remató.
Por su parte, el diputado Gustavo Benavente (UDI) dijo que no entiende qué se pretende en la sesión, en relación a vincular a una persona con otra. Si ese es el caso, agregó, deberían realizarse sesiones especiales para abordar los vínculos del abogado Hermosilla con el asesor del segundo piso, Miguel Crispi, la exministra Ana Lya Uriarte e incluso la expresidenta Michele Bachelet.
PPD y PR
En tanto, el diputado del Comité mixto Radical-Liberal, Tomás Lagomarsino, llamó la atención de la desconexión de la elite política y económica del país. Añadió que en el caso Hermosilla no solo se trata de lobby, sino también que se evadieron impuestos.
Estos, junto a los que se evadieron, por ejemplo, en el “caso convenios”, podrían haber contribuido a resolver las patologías de los 2,5 millones de personas en listas de espera o de las 350 mil en lista de espera quirúrgica.
A su vez, la diputada independiente del Comité PPD, Marta González (IND-PPD), dijo que los chat son públicos y nadie puede esconder la cabeza ni jugar al empate. Afirmó que lo que se debe hacer es recuperar la decencia y confianza en las instituciones.
La legisladora sostuvo que deben todos sumarse a las acusaciones pertinentes y a olas reformas al nombramiento de los jueces. Esto, puntualizó, con celeridad porque cuando el dinero corrompe los puestos de decisión política estamos a un paso de que lleguen los dineros narcos.
También participaron en el debate Emilia Schneider (FA), Boris Barrera (PC), Maite Orsini (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Daniella Cicardini (PS), Javiera Morales (FA), Daniela Serrano (PC), Diego Ibáñez (FA), Daniel Manouchehri (PS), Consuelo Veloso (IND) y Gaspar Rivas (IND).
Resoluciones por “caso Hermosilla”
En la sesión se presentaron cuatro resoluciones, todas aprobadas.
A través de la signada como 1371, se “condena enérgicamente los actos de corrupción en el contexto del denominado Caso Audios”. También se expresa preocupación por el grave daño a las instituciones. En este marco, se expresa el compromiso de ocupar todas las herramientas constitucionales para sancionar todo atentado contra la probidad y el Estado de Derecho. Igual, se llama a Chadwick a colaborar con las investigaciones.
La resolución 1372 solicita al Presidente de la República reformas para fortalecer la probidad y la transparencia. De igual mod, garantizar el buen funcionamiento de las instituciones afectadas.
Por medio de la 1373, se requiere al Mandatario que se ejecuten acciones presupuestarias y legislativas para modificar el sistema de nombramiento de miembros del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República, fiscal nacional y defensor nacional. La idea es promover y asegurar transparencia e imparcialidad en las designaciones. También señalar mecanismos de inhabilitación en el poder judicial a aquellos abogados que no formen parte de él.
Por último, la 1374 repudia todos los hechos delictivos de los que se ha tomado conocimiento por el “caso Hermosilla”. Asimismo, se llama a que todos los hechos sean investigados y sancionados con todo el rigor de la ley.
