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Si lo tiene a bien, se sirva disponer una a fiscalización respecto a los aportes que el Estado de Chile, en forma directa o a través de organismos como la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realiza a la Secretaría General Iberoamericana, verificando si han variado en el último año, especialmente en el período de deliberación de la nominación o elección del nuevo secretario general y si hubo para 2022 un incremento en estos montos.