CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Por 11 votos a favor y 1 en contra, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó en general el proyecto que crea el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), entendido como un contrato celebrado por dos personas para regular jurídicamente los efectos de su relación afectiva.

A los convivientes que celebren este contrato se les reconocerá el estado civil de pareja civil, generando los derechos y obligaciones que la presente iniciativa establece.

El AVP se celebrará ante el Registro Civil y para su validez será necesario que los contrayentes sean mayores de edad, tengan la libre administración de sus bienes y no tengan alguno de los impidementos señalados por la ley, los cuales son similares a los que se establecen en el caso del matrimonio.

Este acuerdo, además, genera un parentesco por afinidad con los familiares del conviviente, mientras el acuerdo esté vigente y regula los derechos de herencia entre los convivientes, entre otras materias.

Opiniones parlamentarias

El diputado UDI, Arturo Squella, único voto en contra de la iniciativa, lamentó esta aprobación y sostuvo que “se nos dijo que esto le va a solucionar el problema a 2 millones de convivientes y ha quedado de manifiesto, después de la exposición de nuestros invitados -por cerca de dos meses-, que no es así”.

El legislador recalcó que las modificaciones que el texto tuvo en su primer trámite en el Senado, convierten en la práctica al AVP en un matrimonio homosexual "que simplemente tiene un nombre distinto" y planteó "que el paso siguiente será permitir la adopción de menores por parte de quienes contraigan este vínculo”.

El diputado Squella añadió que no tiene dudas que en la discusión en particular, "buena parte de las modificaciones que se hicieron en el Senado van a ser votadas en contra por más de un parlamentario, principalmente en materia de tuición”.

El diputado Guillermo Ceroni (PPD), respecto de las opiniones que el AVP deblitará la institución matrimonial, expresó que lo que existe hoy es que muchas personas no quieren optar por el matrimonio y que el AVP es una posibilidad más y se debe respetar la libertad de las personas para optar.

Asimismo, el diputado del PS Leonardo Soto, dijo que se argumenta repetidamente que el AVP debilitará el matrimonio y no se debate sobre las razones que hoy tienen al matrimonio en crisis, la realidad de la sociedad donde, por ejemplo, el sistema económico enajena a las familias y presiona las relaciones de pareja.

El diputado independiente Pedro Browne defendió la idea de legislar el AVP, porque este instrumento le dará solución a todas las parejas de convivientes, más allá de solo las parejas del mismo sexo que podrían ser abordadas en la idea de un matrimonio igualitario. Agregó que es "la decisión y libertad que se da a las parejas de elegir entre el matrimonio, el AVP o seguir en una relación de convivencia como hoy".

Finalmente, el diputado DC Fuad Chahin manifestó su aprehensión con la facilidad que se establece para disolver este acuerdo, y que no se regule adecuadamente un estatuto jurídico de protección una vez concluido el AVP, como deberían ser las obligaciones de cuidado personal, alimentos o relación directa con los menores, cosas que sí se exigen en caso de disolución del vínculo matrimonial.

Opinión de invitados

Durante la jornada, la comisión escuchó la opinión del Arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, quien expresó que el texto despachado por el Senado "se parece mucho a un estatuto matrimonial" y que se debería sincerar el debate, porque lo que en realidad el país quiere es discutir sobre el matrimonio igualitario.

Chomalí centró su opinión a los alcances del AVP en cuanto a la convivencia de las parejas en desmedro del matrimonio, criticó que la normativa emn trámite conceda iguales derechos que a éste último, pero pocas responsabilidades a los contrayentes, así como la facilidad que se establece para poner término al acuerdo.

Consultado sobre su postura frente al AVP entre personas del mismo sexo, el Arzobispo de Concepción afirmó que sin hacer un juicio moral, hay hechos de relevancia pública, "como es la capacidad de un hombre y una mujer de tener hijos", lo cual es la base de la estructura de cómo se compone la sociedad, y que en cambio la relación entre dos personas del mismo sexo, está más bien en una esfera privada y no debería corresponder al Estado la misión de regular todo tipo de relación afectiva.

Asimismo, intervino ante la comisión Erika Montecinos, de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, quien valoró el avance que implica esta iniciativa.

"Nos parece un avance sustantivo e igualitario", manifestó, pero criticó que un tema gravitante como la filiación esté ausente, porque le niega expresamente derechos de filiación a una pareja bajo este acuerdo, y solicitó incorporar los derechos de ambas madres en el cuidado del hijo, alegando el derecho de las dos y de los hijos a ser parte de una familia.

Asimismo, intervinieron ante la comisión, dos parejas de convivientes quienes abogaron por los derechos de sus hijos, exigiendo que se legisle sobre la filiación de las familias homoparentales, especialmente sobre las mujeres.

En concreto, Claudia Calderón afirmó que tal como está redactado el proyecto, no sirve para regular el vínculo actual con su hija y se le está negando el reconocimiento a sus derechos fundamentales.