A través de un Proyecto de Resolución, la Sala de la Cámara acordó oficiar a la Presidenta de la República para que evalue otorgar preferencias en la adjudicación de contratos del Estado a dichas empresas.
El Proyecto de Resolución 252, aprobado el jueves 9 de abril, solicita a la Presidenta de la República que dentro de las bases de las futuras concesiones en general, las empresas que pretendan contratar con el Estado y que dentro de su planta de trabajadores tengan un mínimo de personas en situación de discapacidad ejerciendo funciones laborales, obtengan preferencia al momento de adjudicar el contrato respectivo.
El proyecto fue presentado por las diputadas Loreto Carvajal (PPD), Denise Pascal (PS), Marcela Hernando (PRSD) y Maya Fernández (PS), junto a los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Jorge Rathgeb (RN), Daniel Melo (PS), Joaquín Tuma (PPD), Jaime Pilowsky (DC) y Diego Paulsen (RN).
El texto señala que con la dictación de la Ley 20.244, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, se avanzó considerablemente en el respeto y cuidado de los derechos de las personas que presentan alguna condición de discapacidad.
Dicha norma, recuerdan, establece que será deber del Estado promover y fomentar planes de inclusión social para que obtengan una mejora en su nivel de vida y sean consideradas sus aptitudes.
Los legisladores autores de la propuesta, agregan que este mandato permite en casos justificados la aplicación de discriminaciones positivas como una manera de fomentar la integración de los ciudadanos en desventaja, según su especial condición.
Hoy solo el 29% de las personas con discapacidad son laboralmente activas, lo cual genera un impacto económico en las familias y hogares de dichas personas, que representan el 13% de la población del país.
En materia de incentivos al sector privado para la contratación de dichas personas, los parlamentarios sostienen que pueden ir en la línea de aumentar la franquicia SENCE de capacitación u otorgar exenciones tributarias de otra índole.
Pero también, a través de otorgar preferencias en los procesos de licitación del Estado, materia que postula el Proyecto de Resolución, para que se de preferencia o se bonifique y entregue una mayor puntuación a aquellas empresas que tengan dentro de su planta de trabajadores a personas en situación de discapacidad.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS