CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Por 94 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto (boletín 9766) que crea quince centros de formación técnica estatales. La iniciativa fue informada a la Sala por los diputados Rodrigo González (PPD), de la Comisión de Educación, y Pablo Lorenzini (DC), de la Comisión de Hacienda.

El texto establece que serán instituciones de educación superior estatales, de carácter regional, que tendrán por finalidad la formación de técnicos de nivel superior, con énfasis en mejorar su empleabilidad para que participen en el mundo del trabajo con trayectorias laborales de alta calificación, mejorando así su formación e inserción en el ámbito social; en este sentido, también se incorporará la formación cívica y ciudadana. Asimismo, estos centros de formación técnica tendrán como objetivos contribuir al desarrollo material y social de sus respectivas regiones, colaborando con el fomento de su competitividad y productividad.

Cada CFT se vinculará con una Universidad del Estado acreditada institucionalmente para contribuir, en conjunto, al desarrollo de la región en la que se asientan, establecer programas de acceso especial para los egresados de los centros de formación técnica y articular trayectorias formativas pertinentes. El vínculo entre el centro de formación técnica y la universidad tendrá, al menos, un carácter docente y curricular, basado en el apoyo metodológico y pedagógico mutuo entre ambas instituciones para el desarrollo docente y profesional de sus profesores y la integración de las mallas curriculares, contemplando la posibilidad de proseguir estudios superiores en la universidad estatal asociada.

El patrimonio del Centro de Formación Técnica estará constituido por: los aportes que anualmente le asigne la ley de Presupuestos del Sector Público y los que otras leyes le otorguen; los montos que perciba por concepto de matrícula, aranceles, derechos de exámenes, certificados, estampillas y solicitudes, y toda clase de cuotas extraordinarias que deban pagar sus estudiantes; y los ingresos que perciba por los servicios que preste, entre otros.

Se establece que la ley de Presupuestos de cada año establecerá el monto del aporte fiscal que se destinará a cada uno de estos CFT estatales. Mediante decreto del Ministerio de Educación, visado por el Ministro de Hacienda, se fijará el monto de este aporte que corresponderá anualmente a cada una de dichas instituciones.

En el articulado transitorio, se establece la facultad del Presidente de la República para que en el plazo de un año apruebe, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, los estatutos de estas entidades a proposición de los Rectores que se nombrarán previamente por decreto supremo. En estos estatutos se deberá indicar, asimismo, la fecha de inicio de actividades académicas y la comuna, dentro de la Región respectiva, en que se radicará cada CFT. También se les faculta para que realicen los actos necesarios para poner en funcionamiento el Centro hasta antes de la publicación del Estatuto.

Además, en las disposiciones transitorias se señalan las materias que deberán tratar los estatutos, facultándose al Presidente de la República para que a través de decreto con fuerza de ley fije normas que obligatoriamente deberán contener los estatutos; y se establece la tutela y acompañamiento de una Universidad del Estado, sobre los Centros de Formación Técnica que se crean, hasta la primera acreditación institucional o la figura que la reemplace. Esta disposición contempla una excepción relativa a los casos en que no hubiere una universidad del Estado en la región.

Finalmente, una indicación aprobada en la Sala indica que "para armonizar la coexistencia de los nuevos Centros de Formación Técnica existentes que pertenecen a Universidades Estatales, estos últimos se deben transformar en personas jurídicas sin fines de lucro, en un plazo de 2 años desde la entrada en vigencia de esta ley".

El proyecto será revisado ahora por el Senado, en segundo trámite constitucional.

Reacciones

Tras la votación, la diputada Yasna Provoste (DC) valoró la aprobación de la indicación presentada junto al diputado Juan Morano (DC), que establece que los CFT estatales ya existentes, deberán transformarse en entidades sin fines de lucro.

"Es imposible avanzar hacia reformas estructurales sin abordar esta materia, la educación no puede seguir siendo un negocio”, planteó la parlamentaria, quien sostuvo que espera que el Senado pueda dar un trámite expedito a esta iniciativa, que busca el fortalecimiento de la educación técnica profesional, descentralizar y priorizar que estén en regiones".

Asimismo, Provoste indicó que para el caso de la Región de Atacama que ella representa, “insistiremos con mucha fuerza para que este nuevo CFT sin fines de lucro, debe instalarse en la provincia de Chañaral, pues a nuestro juicio si queremos avanzar en materia de distribución de justicia y de acceso a oportunidades, este nuevo centro debe y tiene que tener un espacio importante para acoger los talentos, las capacidades de los niños jóvenes y adultos de la provincia de Chañaral”.

El diputado Marcos Espinosa (PRSD), por su parte, valoró la decisión que tomó la jefa de Estado de priorizar a Calama para establecer el nuevo CFT estatal de la Segunda Región. “Esta es una señal inequívoca de desconcentración y fortalecimiento de las regiones. En la segunda región tenemos dos efectos descentralizadores, uno nacional y otro regional, al considerar a Calama como la comuna donde se creará este centro cuya esencia es que será administrado, sustentado y solventado por el Estado”.

El diputado, representante del distrito tres, destacó además que este centro responderá a las vocaciones productivas de cada una de las regiones y comunas, destacando la necesidad de empleos técnicos que se demandarán en la región en la minería y energías renovables no convencionales, debido a los nuevos proyectos que se desarrollarán en la segunda región.

“En el caso de la región de Antofagasta, los jóvenes de comunas como Calama, Tocopilla, María Elena, van a contar con un sustento académico que les permitirá ocupar los 33 mil puestos técnicos que se proyectan para el año 2030 en funciones mineras, principalmente, operadores, mantenedores y supervisores. Sabemos que sólo entre los años 2015-2020, las empresas contratistas de la gran minería requerirán el aumento de su dotación en un 53 por ciento, muchos de estos empleos vinculados a la puesta en marcha de los proyectos estructurales de Codelco, tras la capitalización de 4 mil millones de dólares”, detalló el congresista.

La diputada Loreto Carvajal (PPD), detalló que “este proyecto viene a avanzar en materia de educación, pero sobretodo de igualdad de oportunidades. Las personas de escasos recursos que vienen de comunas rurales, de lugares alejados de los grandes centros educativos, tienen muchas dificultades para acceder a la educación superior. Esta iniciativa le da esperanzas a muchos jóvenes que luego de terminado su cuarto medio, no ven otra opción que quedarse en algunas labores que no los satisfacen”.

El jefe de la bancada PC-IC, diputado Daniel Núñez, señaló que la aprobación es “una gran noticia. Son centros de formación técnica estatales, gratuitos y que van a ser parte del cumplimiento del programa de la Presidenta Bachelet. Así que estamos muy contentos y muy orgullosos también de esta propuesta y más aún también de que la ubicación en Ovalle, en la provincia del Limarí, viene a compensar los impactos dramáticos que ha tenido la sequía”, destacó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, diputado Lautaro Carmona, también concordó en que la creación de un Centro de Formación Técnica en cada una de las regiones del país, puede ser representado “como una medida de descentralización; como una medida orientada al desarrollo de la actividad económica y por lo tanto a la calidad de vida desde la región. Estamos hablando de un sentido de democratización de nuestra sociedad”, precisó Carmona.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Camila Vallejo, explicó que resultaba urgente y necesario que el Estado por fin se diera la tarea de crear una oferta público-estatal, con la finalidad de desarrollar y ofrecer técnicos de excelencia para el desarrollo regional y del país.

La diputada Karol Cariola destacó las atribuciones que tendrán estos Centros de Formación Técnica: “Estamos muy contentos con este proyecto, era una necesidad que el Estado se hiciera cargo de una vez por todas de la necesidad de formar actores sociales que contribuyan al desarrollo económico e integral de nuestro país, desde una perspectiva técnica”.