La petición pretende lograr la protección y representación jurídica de aquellas personas naturales de escasos recursos, que sin tener acceso por sus costos a asesoría legal, se vean afectos por acciones que provoquen daño ambiental.
Por 109 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 497 que solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, gestionar la Creación del Defensor Público del Medio Ambiente.
La solicitud fue presentada a la Cámara por un grupo transversal de diputados, encabezado por el legislador radical Marcos Espinosa (PRSD), junto a sus compañeros de partido Fernando Meza y Marcela Hernando, además de Cristina Girardi (PPD), Camila Vallejo (PC), Andrea Molina (UDI) y Daniel Melo (PS).
En la resolución, los parlamentarios pidieron al Estado que pueda materializar su deber de velar porque el medio ambiente no sea afectado y tutelar su preservación, mediante la creación de un Defensor Público del Medio Ambiente como herramienta que esté a disposición de la ciudadanía, con el fin de que se resuelvan los conflictos medioambientales y se facilite las denuncias que pudieran existir
Asimismo, agregaron que el defensor del medio ambiente debe ser una institución que funcione con independencia y autonomía, cuya misión sea defender y proteger los derechos y garantías que se encuentran consagrados en la Constitución Política.
A lo anterior, sumaron que,ya son muchos los sucesos que han ocurrido a nivel ambiental a lo largo de nuestra historia y la solución de estos problemas ha dejado de cocretrarse como corresponde.
Por lo que, en base a lo expuesto, los legisladores señalaron que la idea es establecer la figura del defensor público y lograr el apoyo necesario a personas naturales que se vean afectadas por daño ambiental, para que concurran a los tribunales, con representación y colaboración jurídica para la exposición de sus demandas y reclamos, ello, especialmente, en los casos en que no cuenten con los recursos para contratar los servicios de un abogado que vele por la protección de sus derechos, consagrados tanto en la Ley General de Base del Medio Ambiente, como en la Constitución Política.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS