CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Comisión de Salud de la Cámara recibió a la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón y a la Directora del Fondo Nacional de Salud, Fonasa, Jeanette Vegas, quienes informaron a los parlamentarios las cifras y factores que explican la deuda hospitalaria, las medidas de control y cambios de gestión para enfrentar estos déficits. Pero, también, las diferencias existentes en los valores de las prestaciones médicas versus el arancel de Fonasa.

En este contexto, la subsecretaria Alarcón expuso las cifras globales del sistema y el pago por parte del Ministerio de Hacienda de la duda pendiente del año 2015 de los servicios de salud. Asimismo, explicó el compromiso de contener el gasto de manera que los gastos operacionales no sobrepasen el 3% de los ingresos presupuestados para el presente año, con especial énfasis en las compras a privados y la gestión de fármacos.

En su presentación, la subsecretaria sostuvo que el divorcio entre el presupuesto y la ejecución del gasto, que da origen a los déficits y la persistencia de la deuda, no ha sido sistémicamente abordado. Añadió que la autoridad económica ha concurrido a través de aportes extraordinarios o reasignaciones presupuestarias para el pago puntual de la deuda, pero dichos aportes no quedan explícitos en el presupuesto de continuidad o histórico para el conjunto de los Servicios de Salud, dilatándose sistemáticamente la solución definitiva de este problema.

Compras médicas

La directora de Fonasa, por su parte, también planteó como una medida de mejora de gestión, es regular las compras que cada servicio u hospital realiza directamente y donde hay grandes diferencias entre unos y otros para la misma prestación, promoviendo la compra centralizada y solo permitir el trato directo de los servicios cuando estos demuestren que dicha compra es más eficiente. De lo contrario, deberán transferir estas adquisiciones a Fonasa.

Asimismo, un punto de interés para los parlamentarios fue abordar las compras que realizan los servicios de salud a sociedades médicas de los mismos doctores contratados en el sistema público para paliar la demanda de atención y las obligaciones que se imponen a los servicios, como el cumplimiento de garantías GES, por ejemplo.

Al respecto, la subsecretaria de redes informó que se está trabajando un protocolo de carrera en conjunto con el Colegio Médico, que apunte a incentivos y pagos de acuerdo a las prestaciones realizadas y la calidad de la atención, materia que está aún en estudio pero no definida de forma definitiva.

Añadió que uno de los problemas a intervenir son las compras tanto internas como externas y para ello se plantea centralizar las compras que sean fácilmente centralizables, como por ejemplo los servicios de radioterapia, “pero también abordar lo que ocurre al interior de los hospitales y premiar a los médicos que tienen una mayor permanencia en el sistema”.

A su vez, cautelar que la producción no sea mermada para favorecer la compra privada de servicios. En esa misma línea, indicó que se está trabajando en un monitoreo centralizado de pabellones para verificar el porcentaje de procedimientos que se postergan o se trasladan a otros horarios, cuántos corresponden a listas de espera, etc.

Valoración positiva

El diputado Víctor Torres, presidente de la Comisión de Salud, señaló que han visto esta situación compleja de médicos que han ido disminuyendo sus horas funcionarias en los hospitales institucionales pero aumentando las prestaciones que hacen a través de sus propias sociedades médicas.

“En definitiva termina siendo complejo, porque se genera una necesidad, a mi juicio manipulada artificialmente, por esta menor capacidad resolutiva del sistema público, y que obliga, entre comillas, a hacer compra de prestaciones a terceros y en esta compra, con esta manipulación, hay que poner un coto que impida que haya un accionar, de los especialistas sobre todo, en este sentido que se traduce en definitiva en un mayor costo para el Estado”.

Por ello, el legislador valoró que la autoridad sanitaria esté evaluando mecanismos para restringir que esto siga ocurriendo “e impedir que haya un incumplimiento en la prestación pública para poder generar esta demanda inflada de resolución privada”.

Sobre las medidas conducentes al cambio de gestión para reducir la deuda hospitalaria, el diputado Torres destacó las medidas de eficiencia como a centralización de las compras y minimizar los costos de los medicamentos, pero también el que se valore de una manera más cercana a la realidad el pago por parte de Fonasa de las prestaciones, y no con un arancel mucho menor como hoy existe o incluso sin arancel.

Dijo que esto permitirá conocer el costo de una determinada prestación en el sistema público y que sea comparable con el privado.

Por su parte, la diputada independiente Karla Rubilar, también se declaró muy satisfecha con la presentación de ambas autoridades, porque “hay un planteamiento claro y seguro”.

Asimismo, valoró que se busque potenciar la compra a las sociedades médicas en la medida que exista un compromiso con el sistema público y la productividad de esos médicos en dicho sistema.

“Muchas veces nuestros médicos, por lo bajo de los sueldos comparado con el sistema privado, compensan esa baja de sueldos con esta compra de servicios, que tenemos que hacer porque muchas veces no da abasto, y, por tanto, premiar a los médicos más comprometidos a los que no dejan de atender para que les compran, sino que las hacen, creo que es el incentivo correcto”.

Sobre el pago de la deuda 2015 y la proyección para el 2016, la diputada Rubilar manifestó que “con un borrón y cuenta nueva que hace Hacienda de pagar la deuda completa del 2015 significa que todo lo que hoy día se genere como deuda es problema de gestión o déficit estructural, cualquiera de las dos van a tener que ser probadas, y, por tanto, tiene un tremendo compromiso hoy día la subsecretaría de redes de a fin de año que veamos si estas medidas de austeridad y de control que se están generando finalmente son tomadas como corresponde y no generan perjuicios sobre los usuarios porque también podríamos ahorrar disminuyendo la producción y esto terminaría dañando a la gente más vulnerable”.