CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Con 76 votos a favor y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto (boletines 10011 y 10059), que modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de especificar el tipo de infraestructura exenta de la obligación de contar con un permiso municipal y las condiciones que deben cumplir las obras de infraestructura ejecutadas por el Estado.

El informe de la Comisión de Vivienda fue rendido a la Sala por el diputado Osvaldo Urrutia (UDI). El texto se basa en dos mociones refundidas. La primera de ellas, presentada por los diputados Osvaldo Urrutia (UDI), Daniel Farcas (PPD), René Manuel García (RN), Iván Norambuena (UDI) y Claudia Nogueira (UDI). La segunda, pertenece a los diputados Jaime Pilowsky (DC) y Osvaldo Urrutia (UDI).

La iniciativa busca establecer con precisión dos materias que regula el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones: el tipo de infraestructura que ejecute el Estado exenta de la obligación legal de contar con el permiso de la Dirección de Obras Municipales, evitando que se pueda burlar el espíritu de la ley modificándose la ordenanza, y la excepción que establece este artículo, referida a los permisos de los Directores de Obras, para el caso de construcciones efectuadas fuera de los límites urbanos, haciendo una remisión expresa al artículo 55 de la ley antes mencionada.

De esta forma, se agrega a las obras de infraestructura dentro de aquellas que deben contar con informe favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola que correspondan.

Mediante indicaciones formuladas durante su análisis en la Comisión de Vivienda, se precisa, además, que las obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que ejecute el Estado, así como las obras rurales o urbanas de carácter ligero o provisorio allí mencionadas, no requerirán permiso de las Direcciones de Obras Municipales, en la forma que determine la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sin perjuicio de las autorizaciones e informes a que se refiere el artículo 55.

Además, se establece que dichas obras de infraestructura podrán ser objeto de la orden de paralización cuando no cuenten con el informe favorable que exige el inciso final del artículo 55, y que fuera de los límites urbanos se entenderá siempre autorizada la construcción de postas rurales, escuelas y cuarteles de policía y de bomberos, como complemento de los conjuntos habitacionales que allí se emplacen.

Esto último fue planteado como una manera de resolver el conflicto creado por algunas interpretaciones hechas por la Contraloría General de la República, en el sentido de que este tipo de proyectos no pueden ejecutarse en áreas rurales por no estar contemplados en los planes reguladores intercomunales.