CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Un cuadro general sobre los alcances del proyecto del Ejecutivo (boletín 10545) que viene a definir un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) entregó ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados el gerente general de dicha compañía, Marcelo Tokman, junto una pormenorizada exposición del actual estado de la estatal y de los principales desafíos a enfrentar en el futuro.

"La propuesta que presenta el Ejecutivo y que está en discusión es un muy buen proyecto, que sigue las mejores prácticas internacionales y el aprendizaje respecto de los gobiernos corporativos en Chile. Va muy en línea con lo que es nuestro objetivo para la empresa, que es el fortalecimiento. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos en lo que corresponde a la administración para fortalecer esta empresa y, sin dudas, mejorar el gobierno corporativo va a contribuir en esa dirección", especificó al término de la sesión.

Indicó que, como empresa pública, Enap tiene un rol de ayudar al desarrollo energético del país, para lo cual es necesario llevar a cabo las inversiones que se requieren y así poder entrar a colaborar en el mercado eléctrico, asegurar la disponibilidad de gas y que estén los combustibles que el país requiere y que las refinerías operen.

Detalló en su presentación que el objetivo del proyecto es modernizar el gobierno corporativo de la empresa para que pueda transformarse en un protagonista de los desafíos energéticos del país, considerando para ello los mejores estándares existentes en el país.

Respecto de los objetivos específicos, señaló que se propone la implementación de criterios OCDE (actualizadas en sept. 2015), como el desarrollo de una política de propiedad que defina no solo los objetivos generales, sino también el rol del Estado en el gobierno corporativo y de qué forma este se llevará a cabo. Asimismo, se buscará que el Gobierno no se involucre en la gestión cotidiana de la empresa, dándole autonomía operativa para alcanzar sus objetivos.

La iniciativa también traspasa las facultades del Gobierno sobre administración y fiscalización a una junta de accionistas. Las facultades de la junta se radican en el Presidente de la República, quien podrá delegarlas en los Ministros de Hacienda y de Energía.

La propuesta plantea, en tercer lugar, la aplicación supletoria de la Ley de Sociedades Anónimas (Ley 18.046). En este ámbito se determina que la empresa se sujetará a las normas de dicho cuadro normativo, así como a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, en todo lo que sea compatible con su ley orgánica. Además, se indica que la empresa estará sometida a las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales.

Luego, se incluyen nuevos instrumentos de planificación corporativa: un Plan de Desarrollo y Negocios a implementarse quinquenalmente, que incluya al menos, los objetivos, metas de rentabilidad y los planes de inversión y desarrollo, que deberá ser aprobado conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Energía; e informar a la Dirección de Presupuestos la estimación fundada de los resultados del ejercicio presupuestario anual.

Otro punto es la nueva conformación del Directorio y las responsabilidades que se le asignan. En este tema se determina que los directores durarán cuatro años en sus cargos, renovables por una sola vez y serán designados por el Presidente de la República de la siguiente manera:
a) Tres de ellos nombrados directamente.
b) Uno a propuesta de los trabajadores de la empresa.
c) Tres elegidos a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Paralelamente se eliminan formas de nombramiento vigentes, por lo que ya no integrarán el Directorio el Ministro de Energía, ni los miembros designados por la Corfo o por los gremios (Sofofa, Sonami e Instituto de Ingenieros).

Además, se estipulan expresamente los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades para ser director, asimilándolos a los establecidos para las sociedades anónimas, con el objeto de prevenir conflictos de interés en el uso de información privilegiada. Asimismo, se exigirá que guarden reserva de los negocios de la empresa y sus filiales.

Finalmente, el proyecto determina que el Plan de Desarrollo y Negocios puede considerar operaciones de apoyo a políticas públicas que impliquen requerimiento de aporte fiscal, los cuales deberán ser autorizados previamente por el Ministerio de Hacienda y contempla una autorización para el Ministerio de Hacienda, a contar de la entrada en vigencia de la ley y hasta 12 meses siguientes, a efectuar aportes extraordinarios de capital por un monto de hasta 400 millones de dólares.

Estado de la empresa

El gerente general de Enap resaltó los buenos resultados que ha tenido la empresa en los últimos años, logrando un nivel de estabilidad financiera que le permite desarrollar de mejor forma sus operaciones e inversiones.

"Cuando se miraba la historia para atrás de esta empresa parecía una montaña rusa, un año bueno, tres malos, estamos en crisis, hay que despedir gente y vender activos… Así era muy difícil que una empresa pudiera cumplir con su rol de colaborar con el desarrollo estratégico del país. Entonces, el primer objetivo fue estabilizar financieramente esta empresa y el objetivo que nos colocamos ahí fue: evitemos que el Ebidta (ganancias después de intereses, tasas, depreciación y amortización) vuelva a caer bajo los 600 millones de dólares y eso afortunadamente se logró. Durante estos últimos años hemos logrado esto y, de hecho, el Ebidta que se alcanzó el año pasado fue el récord que ha alcanzado la empresa, en un escenario externo muy complejo", enfatizó.

Resaltó que tener buenos resultados (Ebitda: US$742 millones en 2015, el mejor de los últimos 15 años, según la exposición) ha permitido llevar a cabo el plan de inversiones más agresivo que se ha tenido como compañía. "Este año esperamos también volver a superarlo y eso lo que está permitiendo es inversiones para ponernos al día, cerrar brechas que puedan existir, pero también contribuir con expansión del terminal de GNL, la construcción de la primera planta de geotermia en el país, todo el desarrollo de los hidrocarburos convencionales en Magallanes y la construcción de una cogeneradora. Es esta recuperación del patrimonio y la estabilidad financiera la que nos ha permitido llevar a cabo responsablemente las diversas iniciativas para poder contribuir con el desarrollo energético del país", afirmó.

Al finalizar la sesión, el diputado Sergio Gahona (UDI) reconoció que las finanzas de la empresa se han ido recuperando desde 2013, teniendo como pic el año pasado, pero estimó que ello es aún insuficiente y que les preocupa el destino de los 400 millones de dólares que se piden de capitalización.

"Si fuera una empresa privada ya estaría quebrada, si no fuera porque tiene al Estado detrás Enap ya no existiría. Entonces, desde esa perspectiva, invertir 400 millones de dólares adicionales, tiene que ser muy bien fundado", planteó, acotando luego que "no se trata de tapar hoyos financieros, sino que efectivamente esa capitalización que haga el Estado genere valor para la compañía y para todos los chilenos, porque el uso alternativo de los recursos, que son escasos, con los problemas presupuestarios que tenemos, evidentemente podrían ser mucho más importantes en salud y en educación que estar resolviendo los temas de endeudamiento exagerado que ha tenido una empresa del Estado por mala administración".

Además, dijo que tienen varias discrepancias en relación con las características y estructura del nuevo gobierno corporativo que se propone, sobre todo respecto a la forma en que se designan los cargos.