CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Por seis votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados acordó apoyar la demanda expresada por una agrupación de apoderados del Instituto Nacional que reclamó la pronta y efectiva aplicación del dictamen de la Corte Suprema, respecto a terminar con las tomas en el establecimiento educacional y la regularización de las clases.

En representación de la agrupación asistieron Pedro Contreras, Carmelo Benedetto, Carolina Jara, María Hualtimamba y Alejandra Montiel, además del estudiante de dicho colegio, José Ignacio Contreras

Según remarcaron los apoderados, las tomas solo están incidiendo en un retraso en la educación de los menores, lo que justamente va en contra de lo que ellos están buscando, que es atacar las brechas de desigualdad. Además, sostuvieron que la reclamación de derechos debe avanzar por vías distintas a la interrupción de las clases.

Mencionaron que el proceso que se siguió ante tribunales fue en contra de quienes resultasen responsables por las tomas, en pro de restablecer el imperio del derecho, garantizar la libertad de enseñanza y la integridad síquica y el desarrollo de apoderados e hijos. En este plano, destacaron que el fallo de la Corte Suprema dictaminó que la toma de una escuela es un acto de fuerza, que no constituye un medio legítimo de emitir opinión ni forma parte del contenido del derecho a manifestarse, aun cuando su materialización haya sido promovida por una mayoría de estudiantes.

Se indicó que, el mismo fallo, da cuenta que el rector del establecimiento es quien debe evitar las tomas y que la municipalidad tiene la facultad para determinar cuándo desalojar el recinto. En este plano, acusaron que las autoridades fallaron en sus respectivos cometidos, al tiempo que enumeraron diversas acciones que emprendieron como agrupación en este contexto.

Finalmente, emplazaron a los legisladores a brindarles su apoyo, en orden a que se cumpla con lo que se dictó la Corte Suprema y Constitución y que no existan más tomas en el Instituto Nacional ni en ningún otro establecimiento educacional del país.

Seguidamente, Alfredo Alarcón, director de Educación de la comuna de Santiago, recordó que el problema obedece a una dinámica instalada en la capital desde hace muchos años, para lo cual se habrían impulsado diversas medidas, tanto a nivel educativo, como comunicacional. Sin embargo, el ejecutivo no mencionó las acciones directas relativas al término de las tomas y la restauración de las clases, hecho que fue observado por los legisladores presentes en la sesión.

Debate

Las presentaciones fueron objeto de un amplio debate parlamentario que, si bien tuvo como foco principal coincidir con los apoderados, también presentó algunos matices.

El diputado Felipe Kast (IND) resaltó el largo periodo en que los estudiantes llevan sin clases y el efecto que ello ha tenido en la migración de estudiantes hacia otros establecimientos educacionales. Recalcó que la resolución de la Corte Suprema es clara y llamó a la alcaldesa Carolina Tohá a que manifeste explícitamente su estrategia en este tema.

Para el diputado Jaime Bellolio (UDI), es totalmente legítimo manifestar el derecho de expresión, pero criticó que ello no puede que ser a costa de hacer valer la ley del más fuerte y que los establecimientos públicos estén cerrados, con un alto perjuicio para los estudiantes y para la sociedad, en general.

El diputado Mario Venegas (DC), si bien reconoció que hay diversas formas de apreciar estos procesos entre los sectores políticos, coincidió en refutar el uso de la fuerza para impedir que una amplia mayoría de alumnos pueda seguir con sus clases. "Eso no es razonable y le hacen un flaco favor a la meta de fortalecer la educación pública", planteó, llamando luego a la autoridad municipal a tomar definiciones en torno a la resolución de la Corte Suprema.

El diputado José Manuel Edwards (RN) dijo empatizar con lo que están planteando los apoderados y sostuvo que la Comisión no puede estar sino en contra de la ley de la selva, en donde prima lo que opinan 30 estudiantes por sobre lo que quieren 4 mil. "Ese no es el Chile que quiero", enfatizó, encarando luego al director de Educación de la comuna de Santiago a que indique la acción concreta que impulsará para que haya clases. "Porque esa es su función", remarcó.

El diputado Giorgio Jackson (IND) señaló que no se puede mostrar indolencia en este tema, pero llamó a no simplificar el asunto. Recordó que este y otros colegios de la capital han llevado una cierta vanguardia en la crítica del modelo educativo y observó que, en dicho proceso, han habido tomas que han sido desalojadas y donde se han aplicado otras tantas medidas que no han podido resolver la problemática, porque esta radica finalmente en un sistema segregador.

Dijo estar en contra de movilizaciones minoritarias que tratan de pasar a llevar a los demás, pero se manifestó abierto a apoyar aquellas de carácter mayoritario, incluso con paralización de clases, porque se deben entender como "un grito desesperado para que la generación que viene tenga mejores condiciones".

La diputada Cristina Girardi (PPD) coincidió con Jackson y puso de relieve la necesidad de determinar el nivel de democracia con que se tomaron este tipo de decisiones (ir a la toma). Además, criticó que no se puede repeler una acción de fuerza, como la que se refuta a los estudiantes, con otra medida de fuerza, como es el desalojo.

La diputada Yasna Provoste (DC) valoró los testimonios y, si bien reconoció que hay una consciencia crítica hacia la desigualdad, instalada desde hace mucho tiempo en el estudiantado, ello no debe ser pauta para la paralización de las clases, porque eso genera brechas que luego son muy difíciles de compensar.

Para la diputada Camila Vallejo (PC), efectivamente se trata de un tema complejo de abordar que, además, arrastra a las familias. Cuestionó que las decisiones de los estudiantes que están en la toma sobrepasen a la mayoría, de ser ese el caso, y lamentó no contar con las razones de la contraparte para saber sus motivaciones (el presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional excuso su asistencia).

Por último, la diputada María José Hoffmann (UDI) avaló las acciones de la agrupación de apoderados en pro de recuperar las clases de sus hijos y sostuvo que muchos de estos problemas se deben a que los estudiantes se sienten decepcionados frente a promesas del Estado que no se pueden cumplir.