CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Ministra de Justicia, Javiera Blanco, junto a su abogado, Jorge Correa Sutil, asistió este lunes 29 de agosto ante la comisión especial encargada de revisar la Acusación Constitucional deducida en su contra por su actuar y gestión respecto del Servicio Nacional de Menores.

En el documento expuesto, en primer término por el abogado Correa Sutil, se plantea la denominada "cuestión previa", que indica que esta acusación no cumple con los requisitos y estándares mínimos establecidos por la Constitucón Política para su admisibilidad y procedencia.

Al respecto, la defensa señala que la acusación tiene vicios de formulación porque no queda claro si se acusa una acción, omisión u otra figura, como tampoco sobre cuál es la causal por la cual se le acusa. Añade que no existe una infracción concreta imputable a la ministra.

Asimismo, se sostiene que esta no persigue la responsabilidad personal y directa de la secretaria de estado sino que se le atribuye responsabilidad por hechos de terceros, imputándose genéricamente actos u omisiones de terceros.

Un tercer argumento planteado por la defensa para que sea acogida la cuestión previa en contra de la acusación, es que esta desvirtúa el carácter jurídico de la misma y los acusadores la preteden utilizar como una crítica política a la gestión de la ministra sin configurar las causales señaladas con escasos y confusos hechos que manejan.

Además, se afirma, esta acusación "vulnera el carácter de ultima ratio", y por tanto excepcional de esta herramienta, porque se usa existiendo aún instancias de fiscalización en desarrollo (Comisión Investigadora Sename).

Descargos específicos

En un segundo instante, la defensa desglosó los descargos para cada uno de los tres capítulos que conforman la acusación.

Sobre infringir la Constitución y las leyes, se postula que esta afirmación es imprecisa al invocar hechos como que la ministra omitió información ante el Congreso, respondió de manera evasiva o incluso que entregó información falsa.

Sobre el punto, la defensa argumenta que se busca hacer efectiva una responsabilidad política, lo cual contraviene el régimen presidencial y no se indica de qué modo la acusada pudo actuar en forma deshonesta, ni se explica cómo pudo "favorecer sus intereses personales en perjuicio del bien común", en referencia al principio de probidad y su sentido en la norma.

Durante la exposición, fue la propia ministra la que entregó latamente un desglose de acciones que se han llevado a cabo en relación al Sename, con actividades de supervisión, fiscalización, medidas legislativas, etc., que demostrarían que el Ministerio de Justicia y la propia ministra Blanco no han dejado de cumplir sus obligaciones.

Tras la sesión, la Ministra Javiera Blanco ahondó en este punto y recalcó que "hay un trabajo que sustenta todo lo que hemos dicho. Hoy día hay un desafío enorme con los niños, niñas y adolescentes, pero eso no quiere decir que no se ha hecho nada: Me parece tremendamente injusta y por eso hemos solicitado rechazar la acusación, no solo por cuestiones previas (...) sino también por cosas de fondo. Hoy día hemos dejado claramente establecido que sí se ha dado ejecución a las leyes".

Respecto de la controversia por la entrega de las cifras de menores fallecidos, puntualizó que "a una ministra no se le puede responsabilizar por tener la rigurosidad de no dar cifras que no sean certeras y correctas", remarcando que por primera vez se está haciendo un levantamiento de los casos, donde la mayor parte de la información está en manos de privados.

Opiniones parlamentarias

La presidenta de la instancia, diputada Karol Cariola (PC) aclaró que tras esta exposición la comisión tiene plazo hasta el lunes 5 de septiembre para enviar a la Sala la decisión tanto sobre la cuestión previa como el fondo de la acusación.

En ese sentido, adelantó que -a su juicio-, recordando las exposiciones efectuadas por abogados constitucionalistas invitados ante la comisión, estas son coincidentes con los argumentos de la defensa entregados hoy.

Reforzó que son los elementos jurídicos constitucionales los que están analizando y no así el trasfondo político. En esa línea, sí planteó que hay coincidencia que en materia política hay elementos claros, evidentes y cuestionables sobre lo que sucede en el Sename y por eso en este contexto se ha pedido que el gobierno adopte medidas rápidas en favor de los niños.

Por su parte, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) djo que hoy quedó claro que la responsabilidad de los ministros no se extingue cuando dejan de ser ministros y aparece uno nuevo, criticando que se planteara la idea que "todos los males y problemas del Sename que la Contraloría ha observado vienen de antes".

Añadió que queda claro que la responsabilildad de los ministros es por las cosas buenas que heredan como con las cosas malas y tienen que hacerse cargo de estas, y que él no cree que solo por un oficio de la Ministra se solucione "por obra y gracia del espíritu santo, sino que nos gustaría ver constatación concreta".

"No me queda claro si efectivamente están subsanadas, si efectivamente la infraestructura del Sename está funcionando correctamente, en base a todas las observaciones que hizo la Contraloría un tiempo atrás".

A su vez, el diputado Issa Kort (UDI) lamentó que el debate estuviera centrado “sólo en asuntos formales, sobre el procedimiento, y poco o nada respecto de los asuntos que motivaron esta acusación”.

A modo de ejemplo, el legislador recordó que el diputado René Saffirio evidenció cambios en la información disponible en la página web sobre el número de fallecimientos de menores y denunció “contradicciones” en las cifras informadas por el Servicio.

"Si bien no está por escrito, René Saffirio establece que el Sename o el Ministerio de Justicia habrían cambiado información de la página web, situación que le pregunté a la ministra Blanco y al abogado Correa y ellos declinaron en responder (...) Esto es lamentable, porque aquí también estamos en una instancia en donde se puede dialogar sobre los problemas de fondo, los que afectan tan gravemente al Sename”, sostuvo.

Finalmente, el diputado Leonardo Soto (PS) dijo que parte improtante del trabajo de la instancia será analizar los argumentos de la cuestión previa sobre los aspectos formales de que es confusa la acusación y que no tiene los argumentos jurídicos para ser acogida.

Sobre los tres capítulos, el diputado Soto enfatizó sobre el tercer capítulo -comprometer gravemente el honor de la nación- indicando que es una de las más graves que se puede hacer, ya que "es casi decir que se ha traicionado a la patria y creo que a todos nos ha quedado claro, incluso a la parte acusadora, que no tiene la mínima fundamentación".