En la oportunidad, la instancia que será presidida por el diputado Marcelo Schilling, recibió los descargos de la Ministra Javiera Blanco, quien fue acompañada por el abogado Javier Cousso.
Este lunes 29 de agosto, la comisión especial encargada de analizar la segunda Acusación Constitucional presentada en contra de la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, esta vez en relación a los problemas por las remuneraciones y pensiones en Gendarmería, se constituyó y procedió a elegir a su presidente, cargo que recayó en el diputado socialista Marcelo Schilling.
A esta sesión concurrió la Ministra Blanco, acompañada por el abogado Javier Cousso, para hacer entrega de su defensa ante el libelo acusatorio.
La acusación consta de dos temas. El primero de ellos, relativo al "otorgamiento a algunos funcionarios de Gendarmería de Chile de aumentos considerables en sus remuneraciones, grados en la escala de sueldos, pago indebido de asignaciones o bonificaciones en los meses inmediatamente anteriores a su retiro del Servicio, sin atender a criterios de carrera funcionaria, con el único y exclusivo fin de obtener una pensión de retiro o jubilación mayor, a las que corresponden en derecho".
El segundo hace referencia a "incidir ilegalmente en nombramientos irregulares de funcionarios de Gendarmería de Chile, sin atender a los principios de carrera funcionaria y para objetos ajenos a los fines de la institución señalada, infringiendo el principio de probidad".
Sobre estas materias, la ministra sostuvo que se utiliza este mecanismo constitucional no como un instrumento jurídico sino como una herramienta de fiscalización de control político, además de considerar que tiene "bastantes imprecisiones y contradicciones" donde no se exponen hechos específicos que puedan ser atribuidos a su persona sino al actuar de terceros.
En detalle, el abogado Cousso expuso -en primer término- acoger la cuestión previa porque calificó la acusación como improcedente y, en subsidio, que la acusación sea desechada en todas sus partes por razones de hecho y derecho.
Al respecto, dijo que la acusación constitucional no tiene como función evaluar la gestión política ni es un mecanismo de fiscalización. "Leyendo el libelo aparece constamente el reproche político, legítimo, pero que tiene otras avenidas constitucionales para ser planteados", argumentó.
Afirmó que en esta se entregan afirmaciones confusas y se acusa a la personera de participar en un "ardid" en situaciones que se insinúan pero no se prueban.
Cousso también criticó que el libelo acusatorio presenta "errores formales graves", como errar en el periodo dentro del cual se ha desempeñado la ministra en el cargo de Justicia. Afirmó que en este último recurso que el constituyente establece, en un sistema presidencial para responsabilizar por actos deliberados de transgresión a la Constitución, "uno esperaría que un libelo acusatorio con tan altas consecuencias no estuviese escrito con esta ligereza".
También cuestionó que el libelo presuma "sin prueba alguna" conocimiento de la ministra de una supuesta práctica de abultamiento de remuneraciones en Gendarmería y se imputa responsabilidad sin señalar el estándar de conducta debida.
Asimismo, criticó -en la forma- que el texto no contenga capítulos acusatorios en sentido estricto, puesto que, a su juicio, en ninguna parte del escrito se exponen los hechos específicos de competencia de la ministra que serán objeto del juicio de acusación, sino que se sustenta en una cadena de presunciones que invierten la carga de la prueba, lo cual, además, vulnera las normas del debido proceso.
Al igual que la defensa presentada en el caso de la primera Acusación Constitucional, sobre la gestión por el Sename, el abogado de la ministra afirmó que se vulnera el carácter de "ultima ratio" de la Acusación, ya que existen comisiones investigadoras que la Cámara ha dispuesto para estudiar el tema de Gendarmería y sin esperar dicho resultado se presenta esta acción. "Es difícil no entender que hay una confusión de lo que debiera ser la secuencia natural de un mecanismo de ultima ratio".
Finalmente, la defensa indica que se imputa genéricamente a la ministra actos y omisiones de terceros y recuerdan que las autoridades acusables únicamente pueden responder de aquellos actos que estén dentro de la esfera de sus competencias.
En esa línea, recalca la defensa que el Jefe superior de gendarmería es su director nacional, que es nombrado por el Jefe de Estado, y que la ministra de Justicia no intervien ni en el cálculo ni la aprobación de las pensiones de los ex funcionarios, puesto que dicha atribución le corresponde a Dipreca.
Procedimiento
El presidente de la instancia, diputado Marcelo Schilling aclaró que la ministra solicitó ser recibida hoy mismo y ahora la comisón ya tiene las dos piezas fundamentales ´para analizar la materia. Adelantó que se propuso escuchar a diversos constitucionalistas así como a algunos dirgentes y ex asesores de gendamería.
"Yo espero que teniendo todos opinión en esta comisión, seamos capaces de elevar el espíritu y poder considerar el asunto en lo que es el mérito de la acusación constitucional y sus argumentos jurídicos y constitucionales de modo que aquí todos tengan garantías", subrayó
La Comisión acordó continuar en una nueva sesión, este martes a partir de las 9:00 horas para que los parlamentarios integrantes de la comisión puedan hacer preguntas a la ministra de Justicia.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS