CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La experiencia, evolución y actual contexto de las Comisiones de Ética de la Cámara de Diputados y del Senado fueron parte del análisis de hoy de la visita de estudio sobre Apertura Legislativa del ParlAmericas, evento al cual asisten representantes de los Parlamentos de Argentina, Costa Rica, Colombia, Perú, Paraguay y Chile.

El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, diputado Germán Verdugo (RN), estimó que ha habido en este ámbito una continua evolución desde los primeros pasos dados en 1994, siempre con la idea de dignificar la función y el cargo parlamentario, más allá del simple discurso, sino también del accionar de los legisladores. "Debiéramos influir para que las conductas parlamentarias reflejen lo que los electores esperan de nosotros", precisó.

Sostuvo que la tarea que se desarrolla en la instancia no es fácil, al tener que juzgar a pares que, muchas veces, son miembros del mismo partido o hasta amigos. Sin embargo, remarcó que todas las decisiones son adoptadas por unanimidad y basadas en un proceso jurídico serio y estricto.

Verdugo comunicó que los procesos analizados por la Comisión de Ética pueden derivar en la desestimación de la acusación, en un llamado al orden, en una amonestación o en una censura. Además, acotó, se pueden aplicar multas que llegan a un 15% de la dieta parlamentaria.

Resaltó que, lamentablemente, conductas individuales son asimiladas a la comunidad parlamentaria, por lo que es común que frente a un caso en particular reñido con la ética o la probidad se les achaque al conjunto de los parlamentarios el hecho y así, no es "el diputado" o "el senador" el corrupto, sino que son "los parlamentarios" o "los políticos".

Indicó que una vía que se analiza a través de un proyecto de ley, hoy en estudio en el Senado, para perfeccionar la institucionalidad de las Comisiones de Ética es la constitución de un equipo de funcionarios externos, que realice una labor asesora.

Sobre el punto, el Secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, explicó que esta Unidad de Integridad es necesaria para unificar criterios entre ambas Corporaciones del Congreso Nacional. Estimó que la instancia debiera ser de carácter autónomo, donde se emita un fallo o dictamen que sería apelable ante la Comisión de Ética.

El funcionario, con 22 años de experiencia a cargo de la Comisión de Ética, detalló que la instancia parlamentaria ha entregado 92 fallos desde su creación formal, en 2006, siendo las causas iniciadas por petición de algún parlamentario o por oficio.

Remarcó que cada caso requiere de amplias y serias investigaciones, donde se sigue las normas del Código Procesal Penal de Chile, de modo de resguardar siempre un debido proceso. Así, acotó, los fallos, siempre unánimes, se basan en hechos fundados que suelen sentar jurisprudencia tanto interna como externa y apreciados por la prensa.

Indicó que el hecho que un caso esté en sede judicial no imposibilita su tratamiento en la Comisión y relató que, justamente en este momento, se está analizando la situación de un diputado desaforado por dichos en contra de un particular ya que, independientemente de que se configure un caso de injurias en tribunales, es preciso abordar el tema de la falta a la ética que implica abusar de una herramienta parlamentaria, como es el fuero.

Miguel Landeros recalcó que, además, la Comisión debe tratar otras tareas, como es el control de la correcta aplicación de la nueva Ley de rendición de patrimonio e intereses, que comenzará el próximo 2 de noviembre, para lo cual se preparó al personal y se confeccionó un sistema informático especial que advertirá a cada legislador si existe alguna incompatibilidad en cada votación.

Asimismo, añadió Landeros, se debe velar por el cumplimiento de la Ley del Lobby, donde los parlamentarios deben obligadamente registrar las audiencias que tengan.

Senado

El senador Hernán Larraín confirmó que también los fallos son unánimes en la Comisión de Ética del Senado, pero resaltó que se evita sancionar un caso cuando el afectado está simultáneamente en un proceso judicial.

Coincidió con los anteriores en que la labor de la Comisión de Ética es muy difícil y en que las tareas en que se aboca han ido incrementándose con el tiempo de manera importante, haciéndose cargo de revisar el tema de los patrimonios e intereses y la Ley del Lobby

Dijo que, frente a esta nueva carga de funciones, se contempló la idea de crear una nueva instancia externa y autónoma que cumpla una función preventiva y de consulta, de modo de alivianar la labor parlamentaria. En todo caso, reconoció que existe una visión diferente con la Cámara, ya que mientas esta espera que sea un cuerpo colegiado que actúe como una especie de primera instancia, el Senado proyecta a la nueva unidad como un ente netamente asesor.

Por su parte, el Prosecretario del Senado y secretario de la Comisión de Ética del Senado, José Luis Alliende, relató que la instancia se conformó formalmente entre 2003-2004 y que se fue perfeccionando en su accionar con la aparición de nuevas leyes, como las ya citadas Ley de Transparencia, de Acceso a la Información, de Declaración de Intereses y de Lobby.

Reconoció que la Comisión, junto con su labor central (preocuparse de la ética parlamentaria), fue asumiendo estas nuevas tareas, más que por un vínculo estrecho con dichas temáticas, por un tema práctico: era la única instancia con capacidad disciplinaria y sancionatoria.

Indicó que, tomando como base la crítica ciudadana, se está promoviendo una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional que contempla diversos hitos, entre ellos, el ya señalado caso de la Unidad de Integridad o Dirección de Ética (según el Senado), para que complemente el trabajo de las Comisiones de Ética del Senado y la Cámara; una mayor exigencia para los parlamentarios, por ejemplo determinando una dedicación exclusiva a las labores del Congreso Nacional; sanción para las inasistencias (la Cámara ya contempla esta figura en su reglamento, el Senado no); generar inhabilidades para los legisladores que salen del Parlamento; restricción a la reelección; y la prohibición expresa del uso de información privilegiada.

Finalmente, planteó que también deberían considerarse en dicho debate otros puntos: objetivizar los pronunciamientos de las Comisiones de Ética; determinar los casos de los parlamentarios analizados en dichas instancias y que terminan su mandato; y armonizar el tratamiento de aquellos casos que se analizan en más de una instancia (por ejemplo en la Comisión de Ética y en una sede penal).