CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

El presidente de la Comisión investigadora por el fraude en el Ejército con los fondos de la Ley reservada del cobre, diputado DC Jaime Pilowsky, se reunió con el Ministro de Defensa, José Antonio Gómez para hacerle entrega del documento que recoge las conclusiones de la investigación, que establecen, entre otras cosas , la falta de fiscalización de diversos organismos, particularmente en el Ejército y en el ministerio de Defensa.

Tras la cita, el parlamentario destacó la voluntad de Gómez por adoptar una serie de medidas que pretenden evitar nuevas irregularidades: “Valoramos la preocupación del ministro Gómez de establecer una política clara de control y fiscalización de los fondos que provienen de la ley reservada del cobre. En el informe se establecen conclusiones, pero también se sugieren medidas concretas que ya están siendo implementadas tanto por el Ministerio, como en el Ejército y en la Contraloría General de la República. Esperamos supervisar su estado de avance el primer trimestre del próximo año".

La mayor preocupación del diputado Pilowsky radica en la falta de aprobación, desde el IV trimestre de 2011, de las rendiciones que mandó el Ejército y que quedaron en "un cuarto sin revisión". "Resulta inexplicable que la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas dejara sin controlar y aprobar durante cuatro años las rendiciones de cuentas de las inversiones ya decretadas. Este hecho implica 19.832 facturas que darían un monto aproximado de 1.040 millones de dólares.

Por su parte, el ministro Gómez destacó el trabajo realizado por la comisión y comprometió un plazo de cinco meses para la entrega de un contra informe del ministerio. “Las distancia que hay entre lo que pasaba en el Ejército desde el 2011 al 2014 con lo que ocurre en la actualidad, es sideral, y en eso la función que desempeñó la comisión investigadora es muy importante, por lo que esperamos entregar a principios de marzo de 2017 una respuesta detallada de las medidas que hemos adoptado a raíz de este proceso tan grave que se ha vivido con los recursos de la Ley Reservada del Cobre”.

Principales conclusiones

El informe, aprobado por la Sala de la Cámara el pasado 6 de octubre, acusa a la Contraloría General de la República de falta de diligencia en el ejercicio de la “labor fiscalizadora”, al no haber desarrollado un plan de control y fiscalización prioritario.

En relación al Ministerio de Defensa, se constató la dificultad para implementar la legislación que definió una nueva institucionalidad en la cartera. Asimismo, se acusa fallas y retardos en la implementación de mecanismos de control y se asigna responsabilidad a los Subsecretarios de FF.AA.

Además, se observa que los ministros, en el período de competencia de esta Comisión, no adoptaron políticas ni programas específicos tendientes a ejercer un control efectivo sobre el adecuado uso de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas.

También se asignó responsabilidades al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, como encargado del correcto funcionamiento de la institución. “No ejerció adecuadamente su rol de supervisión respecto de sus subalternos directos”.

En relación al CAF (Comando de apoyo a la Fuerza), repartición que administra y controla los fondos de la Ley Reservada del Cobre, se determinó la negligencia de los Generales que lo dirigieron (cada uno por un período de un año), al no establecer "un sistema integrado y seguro de controles para la administración de los fondos otorgados.

Se establece que la Contraloría General del Ejército (COTRAE) no cumplió su misión institucional, en orden a desarrollar actividades de control y fiscalización que de garantía del correcto desarrollo de los procesos y procedimientos bajo su tutela.

A su vez, se reprocha el hecho que la Tesorería del Ejército haya dejado de cumplir su misión institucional, toda vez que no efectuó “la revisión de los documentos que permiten el pago de los compromisos asumidos por la Institución.