CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La diputada Claudia Nogueira (UD) valoró la aprobación, por parte de la Cámara, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La parlamentaria señaló que “lo que persigue esta iniciativa es proteger la dignidad de las personas mayores, que es lo más sagrado que tienen, reconociendo que toda persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política”.

En esa línea, la parlamentaria gremialista recordó que hace pocos meses murió Raúl González Figueroa, adulto mayor que estaba supuestamente bajo la protección del Estado a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor y que se corroboró que no había recibido alimentación ni medicamentarían durante al menos 10 días. "Esto es impresentable y es definitivamente una forma de violencia", afirmó la legisladora.

Por ello, la diputada UDI indicó que “me alegro que la Convención amplíe y resguarde la integridad física y psíquica de nuestros adultos mayores en su artículo 9, comprendiendo en la prohibición completa de todo tipo de violencia -distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra”.

“Nuestros adultos mayores tienen derecho a vivir dignamente una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato y el Estado y la sociedad toda debe colaborar en ello”, añadió.

Asimismo, la diputada Nogueira agregó que “hoy tenemos una realidad indesmentible. Muchas de las personas, llegada la edad de jubilación, no tienen lo mínimo para vivir dignamente. Hoy tenemos, sin duda, un sistema de pensiones que debe mejorarse y perfeccionarse sustantivamente de manera de hacer que todo adulto mayor tenga la posibilidad de una vejez digna. Por eso, celebro también en particular el artículo 17 de la Convención, que establece expresamente la obligación del Estado de “promover progresivamente (…) que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna”.

Sin embargo, aclaró la legisladora “debemos entender que este es simplemente un primer paso, en ningún caso nuestra protección se agota en este instrumento internacional, todo lo contrario. Necesitamos una ley que cree un Sistema de Garantías y Protección de los derechos de los adultos mayores, que haga una bajada concreta de la Convención con mecanismos eficaces para asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos ahí consagrados; con instituciones sólidas; una reformulación y fortalecimiento del SENAMA y una inyección de recursos sustantiva que de la prioridad necesaria que nuestros adultos mayores se merecen”.