CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Un nutrido paquete de propuestas presentó ayer en la tarde la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, destinadas a perfeccionar el proyecto (boletín 10783) sobre educación superior, conjuntamente con el anunció de medidas complementarias como es la futura presentación de una iniciativa legal que eliminaría el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la Secretaria de Estado resaltó que el rediseño del proyecto de ley actual recoge los nudos críticos que se han identificado en las diversas intervenciones, como por ejemplo, no definir una postura respecto a la discusión sobre lo público en educación superior; mantener una visión negativa sobre el Sistema Común de Acceso; y el rol del CRUCH y de las universidades estatales.

En atención a lo anterior, la Ministra informó que, en primer lugar, se reconoce el carácter mixto del sistema de educación superior. En el subsistema universitario se distinguen las instituciones estatales, las no estatales pertenecientes al CRUCH y las privadas reconocidas por el Estado. Luego, en el subsistema técnico-profesional, se distinguen los centros de formación técnica (CFT) estatales, los institutos profesionales (IP) y los CFT reconocidos por el Estado.

Otros cambios apuntan a fortalecer a las universidades estatales. Así, propuso fomentar la vinculación de las instituciones de educación superior (IES) estatales con los órganos de la Administración del Estado (especialmente con los gobiernos regionales); y simplificar el sistema de controles, lo que incluye, por ejemplo, la introducción de un auditor interno elegido por el consejo directivo. Además se comprometió en este marco el envío de un proyecto de ley para el incentivo al retiro en las universidades estatales.

La Ministra señaló que también se impulsará una nueva regulación para el acceso al financiamiento institucional de gratuidad; y anunció que se mantendrá el Fondo de Investigación y Creación Artística (FICA), estableciéndose requisitos de excelencia para acceder a este (para las instituciones que adscriban al régimen de gratuidad) y diferenciando sus componentes.

Destacó que, asimismo, se introducirá en el proyecto un nuevo capítulo sobre educación técnico-profesional (definición legal del subsistema, características, etc.) junto con un conjunto de normas destinadas a equilibrar la autonomía de las IES con la necesidad de regulación del sistema.

Luego, detalló que se incorporará el delito de lucro, dándole características de acción penal pública, pero introduciendo también mecanismos de protección frente a denuncias, con el objeto de evitar con ello represalias; al tiempo que se incorpora la fiscalización por riesgo en la Superintendencia.

Como último punto, dijo que el proyecto destinado a eliminar el Crédito con Aval del Estado podría incluir una modalidad que fusione el CAE con el Fondo Solidario (FSCU), pero excluyendo a los bancos en la gestión y dejando su administración a una agencia gubernamental. Además, dijo que el cobro será mediante el sistema de impuestos y sería contingente al ingreso de los graduados.

Tras su presentación, la Ministra reconoció la complejidad del tema y la importancia de analizar cada punto con detención, pero al mismo tiempo pidió a los parlamentarios avanzar en el trámite, aprobando la idea de legislar, de modo de posibilitar la presentación de las indicaciones respectivas y el inicio del debate en particular.

Sobre este punto, el presidente de la Comisión, diputado Alberto Robles (PRSD), evaluó que ello dependerá del ritmo de las próximas citas, donde se espera terminar con la exposición de los rectores (próximo lunes 19) y el tratamiento de otras propuestas legales. Sin embargo, coincidió en la necesidad de avanzar en el tema. "Lo vamos a conversar con el resto de la Comisión para ver la posibilidad de colocarle fecha para la votación en general", precisó.

El legislador estimó que, en la sesión, se pudo apreciar bastante más acuerdo en torno al tema y estimó que ello "es un muy buen inicio para tener una reforma un poco más consistente con lo que se ha discutido en la Comisión. En todo caso, insistió en que el punto podrá determinarse con mayor claridad el próximo lunes, una vez que puedan intervenir los diputados.

Rectores

En la oportunidad también expusieron su visión sobre el proyecto el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), rector Aldo Valle; los representantes del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), los rectores Álvaro Rojas y Luis Loyola; y el presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), rector Patricio Sanhueza.

Aldo Valle sostuvo que es necesario que se reconozca la historia y diversidad en el ámbito educativo superior y estimó que se debe garantizar la existencia de un sistema de provisión mixta orientado a fines públicos, que fortalezca a las instituciones y su calidad, evitando que la reforma termine consolidando el predominio de la oferta privada y reducida a una política de gratuidad de la docencia.

Asimismo, entre varios puntos, consideró fundamental eliminar el lucro y el CAE; relevar el rol del Consejo de Rectores, como referente e interlocutor, independiente de la política y objetivos nacionales; y mantener los aportes basales e institucionales directos con los que actualmente cuentan las universidades, estatales y no estatales, pertenecientes al CRUCH.

En todo caso, expresó la disposición del Consejo para a discutir los procedimientos y condiciones que permitirían que otras universidades se incorporen a este organismo.

El Consorcio expresó su convicción sobre la necesidad de avanzar hacia una reforma estructural que aleje al sistema educativo del modelo actual de mercantilización; que reoriente hacia la calidad, la equidad, la inclusión y la pertinencia; y que fortalezca a las instituciones estatales

Plantearon la necesidad de que el proyecto presente una visión sistémica y amplia de la educación superior, que garantice un ámbito mixto de desarrollo. Asimismo, se propuso desarrollar en mayor profundidad las bases conceptuales y normativas del aseguramiento de la calidad; redefinir metodológicamente los procesos de evaluación y acreditación y avanzar a la prohibición efectiva del lucro.

Apelaron a la creación de una nueva institucionalidad del sistema en red de las instituciones de educación superior del Estado, que establezca instrumentos financieros (considera financiamiento basal para sustentar proyectos de largo plazo) y de gestión que faciliten la actuación conjunta, así como la vinculación estratégica con otros organismos estatales.

Finalmente, Patricio Sanhueza, entre varios temas, llamó a dar mayor importancia a los centros de formación técnico-profesional y afianzar la dimensión territorial de dichas instituciones; perfeccionar el Consejo para la Calidad y Acreditación; considerar un aporte estatal a la docencia definido por una comisión técnica con participación regional (50%), con un financiamiento basal, asignado a regiones y universidades considerando la proporción de la población regional o estudiantil respecto del total país y asignándolo por carreras (no por alumnos).