CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Un amplio contento manifestaron este jueves los diputados de las diversas bancadas, luego de publicarse en el Diario Oficial, la Ley 20.977, que exige la publicación de la Ley 13.196, Reservada del Cobre.

La iniciativa, impulsada desde la Cámara de Diputados, busca terminar con el secreto de la Ley Reservada del Cobre, que establece el mecanismo de financiamiento para las Fuerzas Armadas.

Al respecto, el diputado DC Jaime Pilowsky afirmó que lo que corresponde ahora es iniciar un proceso, una vez conocida y analizada la ley, para derogarla y discutir un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas que permita, por un lado, una planificación a largo plazo y, por otro, la participación del Congreso Nacional en esta materia que a la fecha se encuentra privada.

En esa línea, el parlamentario señaló, además, que es inentendible que en pleno siglo XXI hayan leyes secretas o reservadas. “Cuando iniciamos este camino, de poder publicar el texto de la Ley Reservada del Cobre, muchas veces se nos planteó que podríamos estar poniendo en riesgo la seguridad de la nación. Los chilenos y chilenas, a partir de esta publicación, en la web de la Cámara de Diputados y en el Diario Oficial, con el texto íntegro de la ley, van a poder juzgar si hay algún elemento, que en conocimiento de la ciudadanía, ponía en riesgo la seguridad de la nación”, comentó.

En tanto, la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, destacó el paso importante que se dio al dar a conocer el contenido de la Ley Reservada del Cobre. “Hoy, muchos ya la han leído y se podrán dar cuenta que a veces las reservas hacen mal”, declaró.

Asimismo, la parlamentaria resaltó que en lo único que se podría haber dudado es en los números de las cuentas que, insistió, a estas alturas tampoco son de la magnitud como para mantenerlas en reserva. “Lo demás es una cuestión que hace mucho tiempo debió haber sido conocido por todos y, por lo tanto, el llamado es a eso, a que en tiempos de transparencia no pueden existir leyes reservadas en nuestro país, ni menos en democracia”, indicó.

Junto con celebrar la publicación de los contenidos de esta ley, el diputado Luis Lemus (PS), por su parte, manifestó que este es un proyecto que contó con un “tremendo apoyo" del Parlamento. Sin embargo, aclaró que eso no resuelve el tema de fondo."Aquí han habido situaciones complicadas en el Ejército, me refiero a los fraudes que han ocurrido, justamente, porque este mecanismo sigue siendo poco transparente y creo que debe funcionar a través de una ley normal”, acotó.

Bajo ese contexto, el diputado Lemus argumentó que debe haber una ley plurianual de financiamiento para las Fuerzas Armadas y no cargar a Codelco con esta responsabilidad. “Hoy aprobamos una ley para permitir que Codelco pueda capitalizarse de las deudas que le ha generado traspasar platas de la Ley Reservada a las Fuerzas Armadas”, determinó.

Fin a la reserva de todas las leyes

Tras valorar la publicación de los contenidos de la Ley Reservada del Cobre, el diputado Ricardo Rincón (DC) llamó a la Comisión de Constitución de la Cámara a poner en tabla el proyecto de ley que levanta la reserva a todas las leyes secretas promulgadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 durante la dictadura militar.

“Es muy importante que se apruebe nuestro proyecto, ya que el año 2005, se consagró en la Constitución Política el principio de la publicidad de todos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, gracias a lo cual son públicos todos los procedimientos administrativos e incluso en las remuneraciones y gastos de los funcionarios públicos, pero aún existen leyes que rigen en el país, pero que son secretas y que son desconocidas para la ciudadanía”, sostuvo.

En ese sentido, especificó que la principal materia de estas leyes reservadas se refiere a la planta de personal de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de orden, la ley del cobre, fondos del Ministerio de Defensa, autorización de contratación de créditos y la facultad del Presidente de la República para destinar los recursos derivados de ello y de exenciones tributarias de empresas del sector defensa.