Parlamentario DC advirtió evidente colisión entre leyes que benefician a pescadores, recolectores y cultivadores versus la Ley Lafquenche
El diputado por la región de Los Ríos, Iván Flores, realizó hoy un llamado al Gobierno, y expresamente al Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, para buscar soluciones ante lo que calificó como “preocupante colisión de leyes”, citando a varias que benefician a los pescadores artesanales y a la llamada ley Lafquenche, que resguarda derechos de las comunidades indígenas en el sur del país.
Lo anterior, según expresó, mantendría paralizadas una serie de obras y estaría afectando la labor de los pescadores artesanales de la zona. De hecho, precisó que “en total, cuatro comunidades han solicitado más de 120.000 hectáreas de playa y agua, afectando el trabajo de recolectores de orilla y pescadores artesanales, muchos de ellos pertenecientes también a los pueblos Lafquenche”.
Por lo anterior, el diputado DC se reunió con dirigentes de FIPASUR, Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur y otras organizaciones de Pescadores de la región de Los Ríos, solicitando que el Gobierno coordine las iniciativas pendientes y analice cómo destrabar los conflictos.
En esta misma línea, el parlamentario expresó que “todos estamos de acuerdo que el litoral debe preservar zonas para los pueblos originarios, pero no podemos entender cómo su aplicación tiene paralizadas obras públicas y también inversiones privadas de los pescadores a nivel regional y local”.
“Llama profundamente la atención cómo una ley que tiene un propósito de justicia social y cultural ancestral, finalmente se enreda con otras normas que buscan acelerar la actividad económica y progreso social de muchísimas familias que viven de la costa y el mar”, agregó Flores.
Además, el legislador dijo que “le he pedido tanto al Ministerio de Defensa como al Ministro Marcos Barraza que comiencen a coordinarse con los Servicios Públicos que tienen que ver con este problema, ya que no puede ser que un servicio como la CONADI tenga paralizada una decisión que impide el funcionamiento de la Comisión de Ordenamiento del Borde Costero, por la no emisión de la certificación de aplicabilidad que define si es o no atendible la solicitud de destinación de prácticamente toda la playa y mar de la región de Los Ríos”.
“En total, cuatro comunidades han solicitado más de 120.000 hectáreas de playa y agua, poniendo en precario el trabajo de recolectores de orilla y pescadores artesanales, muchos de ellos pertenecientes también a los pueblos Lafquenche”, afirmó.
Añadió que "estoy seguro que las leyes de “Cultivo de Algas”, de “Regularización de Caletas” y de otras que son de beneficio para miles de familias de la costa, no pueden ser letra muerta si no se resuelve este choque entre estas leyes y la Ley Lafquenche”.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS