La iniciativa, que trata materias relativas a la acreditación de carreras de pedagogías, al proceso de adecuación de la Ley de Inclusión Escolar y contiene, además, modificaciones asociadas al traspaso de establecimientos educaciones a entidades sin fines de lucro para generar neutralidad tributaria, fue analizada ayer por las comisiones de Educación y Hacienda.
A disposición de la Sala de la Cámara de Diputados quedó el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar (boletín 11029), tras ser analizado el pasado miercoles por las comisiones de Educación y Hacienda.
El texto, en primer lugar, busca establecer un plazo de tres años para que las universidades acreditadas, que no imparten pedagogía y deseen impartirla, logren la acreditación de estas nuevas carreras. Esto, debido a que ley vigente señala que la carrera solo puede impartirse si está acreditada, pero dicha acreditación solo se puede obtener si la carrera se está impartiendo debido a los requisitos de admisión y aplicación de evaluaciones.
Asimismo, permite a las universidades autónomas que no se encontraban acreditadas al momento de la publicación de la Ley 20.903, abrir carreras de pedagogías teniendo tanto la acreditación institucional como la acreditación de la carrera o programa en un plazo de tres años, contados desde el inicio de las actividades académicas respectivas.
Por otro lado, el proyecto de ley realiza modificaciones al proceso de adecuación a la Ley de Inclusión Escolar, facilitando la transformación a sin fines de lucro para colegios particulares subvencionados, sobre todo para aquellos que tienen un mayor copago y una gran cantidad de alumnos.
En dicho caso, la legislación actual contempla un plazo de 3 años para la transformación y el cambio de patrimonio, por lo cual este proyecto ampliaría el proceso a seis años, agregando cuatro más para aquellos colegios que al 30 de junio de 2017 decidan tomar la decisión de ser sin fines de lucro.
Fin del ciclo
Al respecto, el presidente de la Comisión de Educación, diputado Alberto Robles (PRSD), señaló que se está avanzando y llegando casi al fin del ciclo, donde los establecimientos particulares subvencionados que deseen adscribir a recibir fondos públicos tienen que tomar la decisión de ser particulares pagados o sin fines de lucro.
“Este proyecto lo que hace es otorgar incentivos mayores para que los establecimientos tomen la opción de ser sin fines de lucro, por cierto necesitamos apurar la ley de nueva educación pública, porque mientras sigue avanzando este proyecto de la educación administrada por particulares, tenemos que mejorar la administración pública, si no las familias van a optar cada vez más a seguir traspasándose a los colegios particulares, administrados por particulares, pero financiados por el Estado”, afirmó.
En tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Manuel Monsalve (PS), destacó el mejoramiento que se le está otorgando con este proyecto a dos leyes que, aseguró, son fundamentales para la educación del país.
“Aquí se establecen incentivos tributarios y otros como la excepción del IVA, la eximición del pago a la ganancia de capital y todo eso me parece que son un conjunto de modificaciones que van a permitir una mejor implementación y que muchos colegios particulares subvencionados, que a lo mejor estaban complicados y consideraban que los plazos eran demasiado breves para tomar decisiones importantes, ahora van a tener mejores incentivos y más plazos para tomar la decisión de ser particulares subvencionados a ser sin fines de lucro”, resaltó.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS