La iniciativa trata materias relativas a la acreditación de carreras de pedagogías, al proceso de adecuación de la Ley de Inclusión Escolar y contiene, además, modificaciones asociadas al traspaso de establecimientos educacionales a entidades sin fines de lucro para generar neutralidad tributaria.
Con los informes de las Comisiones de Educación y de Hacienda, que serán rendidos por los diputados Fidel Espinoza (PS) y Enrique Jaramillo (PPD), respectivamente, se iniciará este martes la discusión del proyecto de ley (boletín 11029) que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar.
El texto establece un plazo de tres años para que las universidades acreditadas que no imparten pedagogía y deseen impartirla, logren la acreditación de estas nuevas carreras. Esto, debido a que ley vigente señala que la carrera solo puede impartirse si está acreditada, pero dicha acreditación solo se puede obtener si la carrera se está impartiendo debido a los requisitos de admisión y aplicación de evaluaciones.
Asimismo, permite a las universidades autónomas que no se encontraban acreditadas al momento de la publicación de la Ley 20.903, abrir carreras de pedagogías teniendo tanto la acreditación institucional como la acreditación de la carrera o programa en un plazo de tres años, contados desde el inicio de las actividades académicas respectivas.
Por otro lado, el proyecto de ley realiza modificaciones al proceso de adecuación a la Ley de Inclusión Escolar, facilitando la transformación a sin fines de lucro para colegios particulares subvencionados, sobre todo para aquellos que tienen un mayor copago y una gran cantidad de alumnos.
En dicho caso, la legislación actual contempla un plazo de 3 años para la transformación y el cambio de patrimonio, por lo cual este proyecto ampliaría el proceso a seis años, agregando cuatro más para aquellos colegios que al 30 de junio de 2017 decidan tomar la decisión de ser sin fines de lucro.
Comisión Investigadora del Litio
En segundo lugar, la tabla de la sesión de este martes incluye el debate del informe de la Comisión Especial Investigadora de la participación de toda empresa u organismo público en la exploración, procesamiento, explotación, exportación y transporte de litio, así como de las características del contrato suscrito entre CORFO y SQM para la explotación de dicho metal.
El informe fue entregado a la Sala en la sesión del jueves pasado, por el diputado Alberto Robles (PRSD). Pero, como quedaron diputados por intervenir, el debate concluiría este martes, con la posterior votación del documento.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS