Ante la Comisión de Economía de la Cámara, el Servicio Nacional del Consumidor estimó que facilitar el acceso a la información a los consumidores va en la dirección correcta, especialmente tratándose de los derechos que les caben en las acciones de cobranza extrajudicial realizadas por los proveedores.
Su apoyo entregó el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), al proyecto (boletín 10.226) que establece nuevas obligaciones a los proveedores de crédito y a las empresas de cobranza extrajudicial, al estimar que la propuesta legal, en segundo trámite legislativo, avanza en especificar exigencias en la entrega de información hacia los usuarios.
Ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el jefe de la División de Consumo Financiero del Sernac, Rodrigo Romo, explicó que la actual regulación no contempla exigencias específicas en cuanto a la entrega de información relativa a la cobranza extrajudicial y los derechos de los consumidores en esta materia.
Además, indicó que este nuevo "instrumento de política resulta muy adecuado particularmente respecto de la población más vulnerable, que tiene un alto desconocimiento sobre sus derechos como consumidor y, normalmente, se encuentra en una situación comprometida".
Asimismo, sostuvo que facilitar el acceso a la información de los consumidores va en la dirección correcta, especialmente tratándose de los derechos que les caben en las acciones de cobranza extrajudicial realizadas por los proveedores.
Recordó que el texto, tal como fue despachado por el Senado, determina que, en caso que sean aplicables costos o gastos de cobranza, se deberá proceder a la mención expresa de estos, su monto, causa y origen de conformidad a la ley. Asimismo, se deberán especificar los impuestos, gastos notariales que se pudieren haber generado y cualquier otro importe permitido por la ley.
Rodrigo Romo indicó que el proyecto también establece la posibilidad de pagar la obligación adeudada o las modalidades de pago que se ofrezcan y explicita los derechos que le asisten en conformidad a esta ley en materia de cobranza extrajudicial.
Asimismo, agregó, se prohíbe cualquier mención a eventuales consecuencias de procedimientos judiciales que no se hayan iniciado (por ejemplo el embargo de bienes) o relacionadas a registros o bancos de datos de información de carácter económico, financiero o comercial (Dicom), al tiempo que agrega la obligación de señalar que la gestión no persigue la ejecución de los bienes del deudor.
Romo detalló que los mercados más reclamados son el financiero (74% en 2016), los Servicios Básicos (8%) y Transporte (7%). Luego especificó que las subcategorías más reclamadas son las Tarjetas de Multitiendas (37%), los Bancos (18%) y las Empresas de Cobranzas (8%).
Entre los motivos más reclamados, señaló que se encuentran el no reconocimiento de la deuda (44%), que la cobranza afecta la privacidad familiar y/o laboral (22%) y que el cobro de la deuda corresponde a un tercero no conocido en el domicilio (18%).
Ampliación del debate
La presidenta de la Comisión, diputada Maya Fernández (PS), y el diputado Joaquín Tuma (PPD) valoraron la presentación, pero reconocieron que aún se debe generar una discusión mayor sobre el tema, para lo cual informaron que se invitará a Conadecus, para que den su visión desde la perspectiva de los consumidores.
"Es un proyecto que, en general, presenta apoyo entre los legisladores, pero respecto del igual tenemos también algunas dudas, por ejemplo cuándo estaría listo el reglamento o cómo se entregará la primera información. Nosotros planteamos que, ojalá, no sea solo escrita o por medios digitales porque puede haber casos en que haya gente que no use estos medios", planteó la legisladora.
El diputado Tuma dijo que están preocupados por los sistemas de cobranzas de este país, particularmente a la luz del crecimiento del mercado del crédito y la poca información que tiene la gente respecto de sus obligaciones financieras. En este plano, dijo que es oportuno legislar ampliando la información disponible, pero sostuvo que también es importante generar una adecuada educación financiera desde el colegio.
En otro orden, la diputada Fernández comunicó que también comenzaron la discusión de un proyecto (boletín 10.618), iniciado en moción en la Cámara, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en el sentido de establecer una exención del pago de tarifas eléctricas en beneficio de quienes necesitan valerse de instrumental médico eléctrico de uso domiciliario, como por ejemplo, respiradores mecánicos.
"Es un tema que a nosotros nos importa porque claramente son personas que necesitamos apoyar, pero estamos recién partiendo y estamos dándole una vuelta y determinando a quiénes podemos invitar para generar un debate respecto a este tema que tiene un gran sentido social", puntualizó la parlamentaria.