La propuesta establece esta obligación para los organismos públicos con 100 o más funcionarios y para las empresas con más de un centenar de trabajadores.
Con 106 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados ratificó la propuesta de la Comisión Mixta para el proyecto de ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral y modifica la ley N° 20.422, para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad (boletines 7025 y 7855).
El texto consensuado establece que en los procesos de selección de personal, los órganos de la Administración del Estado, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, la Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley, seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad.
Asimismo, las instituciones antes mencionadas, que tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, a lo menos el 1% de la dotación anual deberán ser personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación que establece esta ley. En el caso de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile, esta obligación considerará sólo a su personal civil.
De no ser posible el cumplimiento de esta obligación, las entidades antes señaladas deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello. Sólo se considerarán razones fundadas aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o institución; no contar con cupos disponibles en la dotación de personal y la falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos.
Empresa privada
El texto legal dispone también que las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez.
Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación correspondientes. El empleador deberá registrar estos contratos de trabajo sus modificaciones o términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración a través del sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, la que llevará un registro actualizado y reservado.
Las empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente esta obligación, deberán darle cumplimiento en forma alternativa, con alguna de estas medidas:
a) Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad, con un monto anual no inferior a 24 ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.
b) Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones estipuladas en la Ley de Donaciones. Entre otras reglas, se estipula que estas donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad.
Reacciones
Tras la aprobación del texto legal, el diputado Ramón Farías (PPD) valoró que “se incluya por igual en este proyecto, tanto el ámbito público como el privado, porque no es posible concebir exigencias para uno u otro sector, en forma aislada”.
Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), sostuvo que “nosotros habíamos propuesto un porcentaje mayor de inclusión de personas con discapacidad a las empresas. Al final este porcentaje se fue bajando hasta llegar al 1%, y si bien es cierto no es lo que deseamos, al menos logramos en la Comisión Mixta que se bajara el umbral de trabajadores de la empresas de 200 a 100 trabajadores para que sean incluidas a la ley”.
Para el diputado Claudio Arriagada (DC), “esta es una muy buena noticia para Chile en el ámbito de la inclusión, ya que establecimos, por ley, que las medianas y grandes empresas, así como las entidades públicas, deban asegurar que, al menos, el 1% del total de sus trabajadores tenga algún grado de discapacidad. Estamos avanzado hacia la eliminación de la discriminación que hoy ocurre en muchas partes, donde las personas con discapacidad, efectuando los mismos trabajos y horarios que alguien sin discapacidad, por el solo hecho de su condición, se les pagaba la mitad del sueldo”.
Por su parte, el diputado Matías Walker (DC) sostuvo que "la aprobación de este proyecto permitirá terminar con la discriminación en el mercado laboral de las personas en situación de discapacidad, estableciendo una modalidad concreta que es la obligatoriedad de contratación del 1% de personas en situación de discapacidad, tanto en empresas privadas como instituciones públicas. Estamos dando un paso muy importante en materia de inclusión, una herramienta efectiva y no meramente teórica".
Una opinión distinta tuvo la diputada Andrea Molina (UDI), quien sostuvo que “debió haberse establecido la obligatoriedad de que las personas con capacidades distintas ocuparan al menos un 2% de los puestos de trabajo de cada entidad empleadora. El 1% que proponía el Senado y que hoy fue ratificado, no solo resulta insuficiente para implementar un sistema de Inclusión Laboral de calidad que venga a beneficiar realmente a las personas en situación de discapacidad, sino que además es una contradicción, considerando que la propia comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad, propuso en abril del año pasado, un porcentaje de un 2% para comenzar, una revisión con aumento cada dos años, y como meta final el 5% de cuota”, puntualizó la parlamentaria.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS