Creado en 1981, en dictadura, el Código de Aguas rige el acceso, gestión y distribución de dicho recurso en el que predomina una visión del agua como un recurso económico. Parlamentarios DC impulsaron en la Cámara nuevo Código que esperan se aprueben también en el Senado.
El jefe de la bancada DC, Roberto León, junto a sus colegas de bancada, Yasna Provoste, Sergio Espejo e Iván Flores, destacaron la necesidad de impulsar “todos los esfuerzos e iniciativas que se requieran para defender y proteger el agua como bien común de uso público, modificando una legislación que viene desde la dictadura”.
Los parlamentarios agregaron, además, su preocupación por los cambios que pudiera experimentar la Reforma al Código de Aguas, ya aprobada en la Cámara y actualmente en el Senado, señalando que “esperamos se respete el espíritu y los ejes centrales de esta reforma de enorme importancia para el país”.
Al respecto, la diputada Provoste pidió directamente “que el lobby no afecte todo el trabajo que realizamos en la Cámara, a favor de las comunidades, a favor del acceso igualitario y del sentido que para nosotros tiene esta reforma, asegurar su consumo para todos como bien de uso público, incluyendo importantes cambios que incorporan a las personas como protagonistas, dejando de ver a este vital elemento como un bien económico. No queremos campañas de desinformación e interesadas en frenar un cambio que Chile merece y necesita”.
Cabe señalar que la propuesta se encuentra en segundo trámite legislativo desde noviembre del año pasado, con simple urgencia, y que tanto desde el Ejecutivo como desde el sector privado han surgido propuestas de cambio.
Creado en 1981, en dictadura, el Código de Aguas rige el acceso, gestión y distribución de dicho recurso en el que predomina una visión del agua como un recurso económico. Tras cinco años de tramitación y el paso por tres comisiones de la Cámara, la reforma se aprobó con amplio respaldo en la Cámara, con 63 votos a favor y 32 en contra.
Según la diputada Provoste, “este nuevo Código de Aguas establecerá un conjunto de privilegios para comunidades indígenas, para comités de agua potable rural, para comunidades agrícolas, de manera que los deja exentos del cobro de patentes, pero también establece con claridad la sanción a aquellos que acumulan agua, los que establecen una solicitud para un proyecto que nunca se concreta, no comen ni dejan comer, no utilizan las aguas y no dejan que pequeños agricultores puedan acceder a ellas. Ya hemos visto a empresas haciendo devolución de derechos de agua que ellos han tenido por años y que nunca han concretado iniciativas. Este Código de Aguas establece un plazo para concretar las obras y si no, esos derechos caducan y vuelven al Estado.”
El diputado Espejo, en tanto, agregó que “esta reforma permite, por primera vez, priorizar usos de agua, y eso ha sido reconocido como un avance por todos frente a la escasez hídrica. Primero las personas, los usos de subsistencia y luego nos vamos moviendo hacia otras actividades. Esperamos que el proyecto conserve aquello fundamental por lo que trabajamos en la Cámara y que, por lo demás, contó con importante apoyo”.
La iniciativa, que fue propuesta inicialmente por una serie de parlamentarios en 2011 y luego reformulada por el Gobierno de Michelle Bachelet en 2014, tiene como principal objetivo reforzar el carácter de uso público del vital elemento; reconocer las diversas funciones que el agua pueda cumplir; permitir al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.
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