CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Tras un largo periodo de espera por parte de los diputados, finalmente el Gobierno presentó ante el Parlamento su propuesta institucional para reemplazar al Servicio Nacional de Menores (Sename) a través de la creación de dos nuevas entidades públicas: el Servicio Nacional de Protección Especializada de niños y niñas, que iniciará su trámite en la Cámara; y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que lo hará en el Senado.

Ante la Comisión de Constitución, ambas iniciativas fueron presentadas por el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza; y por el Subsecretario de Justicia, Nicolás Mena. Sin embargo, el debate se centró mayormente en el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada, que será objeto del análisis de dicho grupo parlamentario.

El presidente de la instancia, diputado Fuad Chahin (DC) valoró el ingreso del proyecto (boletín 11176) y el inicio de su discusión, aunque, al igual que la mayoría de los integrantes de Constitución, dijo no haber quedado conforme con el texto propuesto.

"Este es un proyecto que tiene buenos objetivos, pero que, a mi juicio, está mal desarrollado, insuficientemente y, además, es importante diferenciar los roles, por un lado, el que cumple la Subsecretaría de la Niñez o que va a cumplir la Subsecretaría de la Niñez, que debiera diseñar los programas, debiera normar, establecer las normas que regulan efectivamente las ejecuciones de estos programas, las acreditaciones de las instituciones que se dedican a esto y también poder fiscalizar y supervisar su cumplimiento y, por otro lado, más bien las instituciones ejecutivas. Yo me imagino que este Servicio debiera ser más bien ejecutivo y no que tenga esta potestad de diseñar, de normar, de supervisar, de ejecutar, porque es difícil que la misma institución que ejecuta programas pueda supervisarse a sí mismo", evaluó.

En una perspectiva similar, la diputada Marisol Turres (UDI) observó que al proyecto le falta mucho contenido y remarcó que no se puede dejar que sean mayormente reglamentos los que regulen todo el funcionamiento de esta nueva institución.

"Los abusos que han vivido muchísimos niños que están ahí, la falta de contención, la falta de tratamiento, la falta de acceso a una educación como corresponde, la falta de acceso a salud, la cantidad de niños que están esperando atención siquiátrica, sicológica y social en los centros del Sename y en las entidades colaboradoras es enorme y en este proyecto de ley no vemos cómo va a salvar o va a cambiar eso", planteó.

El Ministro Marcos Barraza estimó que es legítimo de parte de los diputados aspirar a que no todo sea materia reglamentaria y pase a orden legislativo, pero resaltó que se está partiendo de la premisa que la actual institucionalidad no es suficiente, que no tiene la calidad que se requiere para proteger a los niños y niñas y que, por ello, se requiere de un ejercicio de creación a la luz de este nuevo servicio y que se complementa con un conjunto de otras materias.

"Hoy por la mañana se votó el proyecto de ley en la Sala que crea el sistema de garantías de derechos de la niñez; estamos legislando la Subsecretaría de la Niñez; hemos aperturado el trámite legislativo respecto de este Servicio de Protección Especializado; y, en general, hay una discusión política que hay que iniciar respecto de cuál es la gradualidad, cuáles son los énfasis que tiene que tener el nuevo Servicio de Protección Especializado y, por lo mismo, yo más bien soy optimista en el sentido de que este proyecto identifica correctamente cuáles son las neuralgias fundamentales, los déficit que se tienen y que hay que corregir con rapidez a objeto de tener un nuevo sistema y no solo una nueva institución", enfatizó.

Según se informó en la Comisión de Constitución, dentro de las próximas audiencias se contempla invitar a la Unicef y abrir un periodo de consulta pública para que todos quienes tengan interés en opinar sobre este proyecto puedan hacerlo a través de un link que se va a establecer específicamente en la página web de la Cámara de Diputados.

Datos del proyecto

El nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada de niños y niñas será una entidad pública descentralizada que tendrá por objeto diseñar, administrar y proveer prestaciones de protección especializada, incluyendo en estas materias a los progenitores o a quienes estén al cuidado de los menores.

En la ejecución de las prestaciones de protección especializada de su competencia, deberá velar por el respeto de los derechos de los niños y niñas, reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación nacional. El Servicio proveerá estas prestaciones por sí o a través de terceros, a requerimiento del órgano competente

Será principio orientador de las acciones del Servicio el "interés superior del niño" y, en dicha perspectiva, propenderá a ejercer sus funciones de una manera compatible con el goce del niño o niña al derecho a la vida familiar, por lo que deberá priorizar que, en la ejecución de las medidas de protección, se propenda al fortalecimiento del rol protector de la familia y apoyar las intervenciones destinadas a restituir el derecho a vivir en familia. La separación del niño o niña de su familia o del adulto responsable se entenderá como una medida excepcional, que compete exclusivamente a los Tribunales de Familia.

En las actuaciones que realice el Servicio en el marco de la ejecución de las acciones y medidas de protección especializada, los niños y niñas tendrán derecho a ser oídos, en consonancia con la evolución de sus facultades; y se consagra el deber de secreto para el tratamiento de datos personales y sensibles.

Luego, el proyecto avanza en definir las funciones y la organización del Servicio; determina las líneas de acción y programas de protección especializada, conjuntamente con la elaboración del registro de protección especializada; fija estándares y un sistema de acreditación para las entidades, prestadores y programas de protección especializada; y determina sanciones frente al incumplimiento por parte de las entidades o prestadores acreditados, entre otras variadas normas.