CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Con decidido interés manifestado por legisladores de todos los sectores políticos, hoy la Sala de la Cámara de Diputados inició el análisis del proyecto (boletín 10526) que define la creación del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y de los Consejos de Pueblos, discusión que continuará el martes 20 de junio hasta el total despacho de la iniciativa.

Las nuevas instituciones, así como sus lineamientos generales de conformación, representación y financiamiento fueron presentadas a la Corporación a través de los informes de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, rendidos por los diputados Celso Morales (UDI) y Daniel Farcas (PPD), respectivamente.

Durante el debate, legisladores de diversas colectividades remarcaron la necesidad de avanzar en esta materia, como una vía de dar señales claras de reconocimiento hacia nuestros pueblos originarios. Asimismo, se destacó la voluntad de escuchar a todos los interesados, para lo cual se sesionó en forma extraordinaria en variadas regiones del país.

En la oportunidad, diputados de oposición plantearon también observaciones, las cuales se focalizaron, principalmente, respecto a si les corresponderá a las nuevas instituciones un carácter resolutivo o si solo mantendrán un perfil consultivo.

Más en concreto, la iniciativa crea los Consejos de Pueblos Indígenas, uno por cada pueblo indígena reconocido por ley: Aymara, Quechua, Atacameño o Likan Antay, Diaguita, Colla, Rapa Nui, Kawésqar, Yagán y Mapuche,

Estas instituciones serán corporaciones de derecho público de carácter autónomo, representativos, participativos y de consulta cuyo objeto será representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado. Asimismo, la normativa fija las atribuciones, funciones y atribuciones de dichos Consejos; su composición; sus reglamentos internos y las dietas que recibirán los consejeros.

El proyecto también crea el citado Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, corporación de derecho público de carácter autónomo, representativo, participativo y de consulta, que estará encargado de abordar materias susceptibles de afectar a todos los pueblos indígenas y que contará con atribuciones resolutivas y facultativas. El objetivo de este Consejo Nacional será representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado. La iniciativa, asimismo, fija las atribuciones de dicha entidad y su composición

Cabe mencionar que los textos de ambas Comisiones son coincidentes, salvo por tres perfeccionamientos efectuados en Hacienda con acuerdo del Ejecutivo. Por los dos primeros se mejoró la dieta (10 UTM por cada sesión ordinaria a la que asistan, con un tope mensual máximo de 30 unidades tributarias mensuales) y las condiciones de operación de los consejeros (se incluyó gastos de traslado, además de los ya considerados, esto es, alojamiento, alimentación y seguro de accidentes personales para asistir a las sesiones del Consejo). La tercera modificación precisa la vía de financiamiento.

El gasto fiscal contemplado para el primer año de la entrada en vigencia de esta ley es de $2.206 millones.

En la oportunidad, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, destacó aspectos de la propuesta legal, al tiempo que remarcó el compromiso presidencial de enviar a trámite legislativo el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, hecho que se materializará cuando se ingrese el proyecto de nueva Constitución Política y tras la debida consulta indígena.

Además, respondiendo a consultas de variados legisladores, recalcó que el Ejecutivo no está conforme con la facultad resolutiva y vinculante introducida por legisladores en Comisiones. Sostuvo que, durante el trámite restante, se buscará un acuerdo en la materia, que pase por devolver a las entidades un carácter representativo y de consulta.