Ante la instancia, el contralor Jorge Bermúdez entregó resultados de las diversas fiscalizaciones realizadas, al tiempo que sugirió vías para solucionar la problemática. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado anunció acciones civiles y penales, particularmente, por millonarios montos fiscales no rendidos.
Con aplausos de parte de los afectados fueron recibidas algunas de las propuestas, planteadas ante la Comisión de Educación de la Cámara, para subsanar la grave situación que afecta a profesores y trabajadores de la Corporación Municipal de Educación de San Fernando, cuyos sueldos y cotizaciones previsionales se encuentran impagos o con atrasos.
El hecho, que viene siendo analizado desde sesiones anteriores por el grupo parlamentario que encabeza el diputado Rodrigo González, fue visto en el día de hoy bajo el prisma de la Contraloría General de la República.
Su titular, Jorge Bermúdez, junto con describir el historial de fiscalizaciones y enumerar las diversas irregularidades observadas, que pasan incluso por millonarios montos no rendidos o el pago a personas no involucradas al ámbito educacional, planteó que, realizando algunos ajustes legales, se podrían tener tres vías de solución.
"Debería evaluarse el nombramiento de un administrador provisional en cada uno de los establecimientos, pensamos que, haciendo un examen preliminar, que eso no está prohibido. En segundo lugar, se debe considerar la posibilidad de pagar directamente desde el Ministerio de Educación a los profesores y, en general, a los trabajadores de la educación (…). Estimamos que hoy día procede la interposición de un reparo ante el tribunal de cuentas que, en el fondo es una demanda, para poder perseguir la responsabilidad civil-patrimonial en contra de las personas de las personas que administra o tenga (… )".
En la oportunidad también intervino la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, quien confirmó que el Mineduc encargó la realización de acciones civiles destinadas a recuperar millonarios fondos fiscales que no fueron rendidos, al tiempo que anunció diligencias también en el área penal.
"Ahora, con los antecedentes que acaba de mencionar el señor contralor general, respecto de las objeciones que sí se mantienen respecto de las originalmente formuladas, estaríamos en condiciones de poder ejercer acciones de carácter penal, si así se resuelve".
El alcalde de San Fernando, Luis Berwart Araya, sostuvo que el problema se remonta a casi 20 años, aunque reconoció ante la audiencia cierta deficiencia en la gestión, que implicarían parte del importante déficit de 400 millones de pesos mensuales de la Corporación, en parte, por el aumento en la contratación de profesores en un marco de decreciente disminución de la matrícula.
Durante el debate, los legisladores de todos los sectores fueron duros con el municipio y con el Gobierno, representados en la sesión por funcionarios de la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación, al permitir que esta situación no se frenara a tiempo.
En este plano, acordaron solicitaron avanzar en la posibilidad de un pago directo a los profesores y en la implementación de administradores provisionales; en inquirir a la Contraloría dictámenes explícitos para viabilizar dichas opciones; y al municipio, la destinación de fondos adicionales y la regularización de la gestión.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS