La dirigenta de FEUARCIS, Sandra Beltrami, fue crítica con la aplicación de la ley 20.800, que creó el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior. En sus declaraciones, llamó a los parlamentarios a establecer mecanismos que permitan solucionar el conflicto por el que atraviesa la casa de estudios para que situaciones de este tipo no vuelvan a ocurrir.
“Egresar de una universidad que ha cerrado es una mochila para toda la vida”, argumenta la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis, Sandra Beltrami, tras salir de la Comisión Investigadora sobre la administración provisional de esta casa de estudios y la actuación de organismos públicos relacionados.
La representante de la FEUARCIS subrayó que “hemos hecho un llamado a los parlamentarios para que esta comisión pretenda solucionar el problema de los estudiantes de la universidad Arcis, que es el hecho de que esto no vuelva a ocurrir y que esto no se convierta en un enfrentamiento entre coaliciones políticas y se cumpla el objetivo esencial de la comisión, que es justamente investigar qué es lo que ocurrió con la administración provisional preferentemente y el rol del Estado, es decir el rol del Ministerio de Educación en lo que significa la intervención del Estado en Arcis”.
De acuerdo a su visión, “la ley 20.800 y lo que es la intervención del Estado es letra muerta, porque finalmente estamos en las mismas condiciones que los estudiantes de la Universidad del Mar. En este sentido la aplicación de esta ley no ha sido fructífera, por lo que debe haber un cambio legislativo, como así también vimos muchas irregularidades en lo que fue la aplicación de la ley 20.800 a través de la administración provisional. Situaciones que no queremos que queden en la impunidad y que por esa misma razón hemos evidenciado en la comisión para que realmente se puedan investigar”, detalló.
En su exposición, dijo que “el plan de salvataje del administrador provisional nunca se efectuó. Hay que señalar que el mismo plan de administración provisional fue incumplido por el propio administrador, quien señaló en un comienzo que la sede Libertad se iba a vender en 8500 millones de pesos y que la sede Huérfanos seria para la continuidad del proyecto académico, como así también había realizado una planificación para lo que era la acreditación de la universidad y en realidad ninguno de estos tipos de planificaciones se cumplió dentro de su propio plan”, aseguró.
La dirigente explicó que no se realizó el plan de reestructuración que la misma ley establece. “Por lo tanto, hay que tener claro que lo que él prefirió hacer fue un plan de retiro voluntario al cual se acogieron muy pocos trabajadores, lo que implicó que Arcis continuara con una gran planta funcionaria y que, por lo tanto, las deudas previsionales y remuneracionales siguieran creciendo. Si hubiese existido un plan de restructuración que fue señalado por el liquidador de la universidad, Cristian Herrera, es que evidentemente, y por supuesto hablando de un plan de reestructuración que no menoscabara los derechos de los trabajadores, los gastos que hubiese tenido el plantel habrían sido muy inferiores”.
Asimismo, Sandra Beltrami indicó que “en el plan de administración y los informes que realizaba el administrador presentaba distintas cifras con respecto a la deuda de la universidad. Cifras que fueron ascendiendo. Durante el último tiempo del 2016 y principios del 2017, existieron dos mesas de dialogo. Una interna en la universidad y otra posterior con el Ministerio de Educación. En ambas se quedó de establecer un plan de reestructuración. Nuestros docentes presentaron un plan que era financierr, académico y también administrativo, sin embargo, siempre han rechazado estos planes porque el administrador cada vez cambiaba la cifra de sus informes, lo que hacía que los planes que realizaban nuestros docentes una y otra vez no tuvieran vigencia porque no se podían ajustar a las cifras”.
La representante dijo que les interesa por sobre manera conocer cuál es la razón de la enorme diferencia de 3 mil millones que existe entre los créditos verificados y entre las cuentas que saca el administrador provisional y la Divesup con respecto a la deuda de la universidad.
“Nos interesa también poder establecer responsabilidades, ya que la ley 20.800 no establece responsabilidades para el administrador provisional. Es una ley en la que él es una persona a honorarios y que por lo tanto no hay responsabilidades administrativas. Nosotros consideramos que efectivamente deben hacerse cambios en la ley”, agregó, lamentando que la reforma a la educación superior no tenga cambios sustanciales en este sentido.
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