En una sesión especial, que contó con la presencia de la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, los diputados analizaron la puesta en marcha de la ley N° 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.
En la oportunidad, los diputados aprobaron dos resoluciones. La primera, Nº 957, solicita a la Presidenta de la República que elabore un plan estratégico nacional que garantice la continuidad de estudios de los alumnos traspasados a partir de la ley de inclusión.
La iniciativa, de los diputados Fidel Espinoza (PS), Alberto Robles (PRSD), Marcela Hernando (PRSD), Cristina Girardi (PPD), Mario Venegas (DC), Marco Espinosa (PRSD), Yasna Provoste (DC) y Camila Vallejo (PC), recibió 71 votos a favor.
El texto plantea que el Ministerio de Educación ponga a disposición los equipos de trabajo necesarios para apoyar a estos sostenedores y reevaluar esta primera decisión, a fin de disminuir al máximo el número de establecimientos que pasen a particular pagado.
En el caso que no reviertan su decisión, señala que se deberán desarrollar planes regionales para que las familias tengan alternativas relativamente similares a la de los colegios de origen.
Asimismo, se pide que se pongan a disposición equipos regionales responsables de las familias para entregar todo el apoyo e información requerida en el proceso de traspaso y facilitar todas las herramientas necesarias para mitigar eventuales efectos secundarios que pudieran surgir por el traspaso.
La segunda resolución aprobada, Nº 959, pide a la Presidenta Bachelet que adopte medidas para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia y calidad en los sistemas de educación primaria y secundaria.
La propuesta, que recibió 47 votos a favor y 26 en contra, fue presentada por los diputados Cristina Girardi (PPD), Vlado Mirosevic (PL), Juan Morano (DC), Daniel Melo (PS), Manuel Monsalve (PS), Claudio Arriagada (DC), Daniella Cicardini (PS), Alberto Robles (PRSD), Yasna Provoste (DC) y Denise Pascal (PS).
El documento solicita a la Presidenta gestionar lo pertinente, a fin de proporcionar como Estado de Chile las mejores condiciones de eficiencia, eficacia y calidad en el sistema de educación, especialmente primaria y secundaria, mediante la adopción de las siguientes medidas:
- Que el Estado asegure que el servicio educacional exista en cada lugar del país. Además, que esté obligado a proporcionar, en forma urgente, oferta pública educacional en aquellos lugares donde no existe y donde tampoco existe oferta particular subvencionada suficiente.
- Que la oferta educacional sea de excelencia en cada uno de los establecimientos públicos del país de modo de asegurar que la oferta pública sea el referente de la calidad de educación.
- Modificar el sistema de financiamiento de modo de suprimir la modalidad de subvención escolar por asistencia (en la lógica que el Estado no puede subsidiarse a sí mismo para asumir en plenitud la responsabilidad de educación pública) y asegurar que el Estado financie de acuerdo a sus necesidades al sistema de educación pre escolar, primario y secundario de modo tal que las escuelas públicas no reciban subsidio sino que se financien totalmente a fin de otorgar el mejor servicio educativo del país.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS