Durante el debate de la iniciativa en la Comisión de Seguridad Ciudadana, Carabineros y la PDI se manifestaron a favor de ampliar el control a mayores de 16 y menores de 18 años. Mientras, el profesor de la UDP, Mauricio Duce, cuestionó las cifras que se conocen hasta el momento sobre la aplicación del nuevo instrumento policial, ya que no demuestran la efectividad de la medida.
La Comisión de Seguridad Ciudadana continúa el debate de la iniciativa que amplía el control de identidad a menores de edad, entre 16 y 18 años, revisión que será de carácter verbal (Boletín 11314).
El fin del nuevo instrumento de pesquisa para las polìcias se aprobó a mediados de 2016, con el propósito de controlar la identidad y detectar a personas con órdenes de detención pendientes.
Una de las autoras del texto que pretende extender el control de identidad a menores, la diputada Claudia Nogueira (UDI), consideró esta medida como eficiente para prevenir y combatir la delincuencia. “Es un control distinto al de los adultos, con menor tiempo en caso que se oculte la identidad. Se tiene que enfrentar de otra manera, dadas las características de los adolescentes, pero sin duda, es una herramienta eficiente no sólo para prevenir, sino para combatir la delincuencia, porque pesquisa las órdenes de detención pendientes. Si los menores de edad son responsables ante la Ley a partir de los 14 años, no vemos el inconveniente de por qué no debieran ser controlados a partir de los 16 años”.
A juicio de Carabineros, la herramienta de control es efectiva, y podría contribuir a detectar a menores que participan en delitos de alta connotación social. Así lo señaló el Subdirector de la institución, General Inspector Marcos Tello. “Pero nosotros creemos que si hasta la fecha la herramienta que nos entregaron el año pasado para el ejercicio de la función policial ha sido bastante positiva, yo creo que podría esta ampliación no tener mayores contrapesos. Hay que analizarlo, estudiarlo, hay que ver la realidad y si efectivamente hay aumento de la participación de menores en los delitos”
Para la PDI, este proyecto contribuye a otro propósito: encontrar a menores extraviados, como apuntó el Prefecto Inspector Oscar Rosas al detallar que, según las estadísticas, el 30% de personas perdidas corresponde a adolescentes de 16 a 17 años. “Efectivamente, una de las herramientas que nosotros hemos vislumbrado colateralmente en la aplicabiliad de este control preventivo, es la posibilidad concreta de ubicar a menores de edad con denuncias por presunta desgracia, como también otros que puedan ser requeridos por algún tribunal por una medida de protección. Eso paralelamente al objetivo específico para el cual ha sido delineado, que es la detección de personas con órdenes de detención pendientes”.
Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS) explicó que no hay evidencia que permita valorar el control de identidad. “Hay algunos que dicen que se hacen menos controles que antes, con menos detenidos que antes y con menos resultados incluso en la cantidad de víctimas de la delincuencia; y otros sostienen lo contrario. El punto de fondo es que -al día de hoy- no tenemos evidencia, ni estadísticas, ni datos concretos que nos permitan tener un juicio concluyente de si esta herramienta es positiva o negativa, y menos si podemos aplicarla a menores de edad que están eximidos por ley para usar un documento de identidad. Y, ciertamente, hay una dificultad que no se vislumbra cómo solucionar”.
Para el abogado Mauricio Duce, investigador de la Universidad Diego Portales, esta propuesta legislativa no considera los derechos de los jóvenes. “El sistema internacional de protección de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, las reglas de Beijing, todas establecen normas de reforzamiento de las garantías de los jóvenes, en virtud de las cuales, no se les puede privar de libertad si es que no hay una imputación concreta que sea sustentada con un debido proceso ante un tribunal. Lo que permite el control preventivo es interferir en los derechos de un joven sin que haya ningun tipo de imputación, por lo tanto, a pura discreción de los órganos policiales, lo que no es aceptado por el derecho internacional de los Derechos Humanos”.
Además, según señaló el investigador, el diagnóstico de la moción se basa en el aumento de la delincuencia juvenil, pero lo cierto es que en el rango etario de 16 a 17 años, ha habido bajas superiores al 35% en los últimos años.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS