CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Comisión de Deportes continúa la discusión del proyecto que modifica la Ley 20.019, que regula Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materias de fiscalización, de conflictos de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas (boletín 10634).

En la jornada, los parlamentarios recibieron a Rodrigo Medina, jefe de la división jurídica del Ministerio del Deporte, quien expuso sobre la estructura de propiedad de los clubes de fútbol en Chile. Estructura que, a su juicio, servirá a la comisión para establecer si quiere o no determinar un límite de propiedad sobre los clubes de futbol. Límite de propiedad interno y externo, detalló.

“Lo que se está debatiendo en el artículo 21, que es un artículo de la moción, es si los clubes de fútbol (…) las organizaciones deportivas profesionales, van a tener una limitación de propiedad del 20% o superior, es decir, que no haya ningún accionista que tenga por sobre el 20%. Y, además, si puede haber una limitación externa, o sea que el dueño o accionista mayoritario de un club de fútbol o de una organización deportiva profesional puede adquirir dentro de la misma categoría otra organización deportiva profesional”, comentó.

El presidente de la comisión, diputado Marcelo Schilling (PS), dijo que “estamos entrando a los temas de estructura de la propiedad y para eso hemos revisado quienes y cuánto fiscalizan esta anomalía en nuestro fútbol profesional que es organizado por una corporación sin fines de lucro. Junto con ello hemos visto cómo organizar la propiedad, de modo que efectivamente esta garantice la competencia”, puntualizó.

“Hoy, cuando revisamos la estructura de propiedad de los distintos clubes, nos hemos dado cuenta que hay algunos de ellos controlados por una sola persona o una sola sociedad casi en el 100% y, ciertamente, que eso aunado al hecho que el mismo controlador tiene intereses en otros clubes atenta directamente contra la transparencia en la competencia”.

El diputado Schilling adelantó que para la próxima sesión de trabajo esperan contar con los antecedentes y reformulaciones al artículo 21 para poder votar. El parlamentario explicó que originalmente el artículo de la moción “habla de que nadie pueda tener el control de más del 20% de las acciones”.

Esto ha suscitado dudas, subrayó el legislador, porque en algunos lugares los clubes se sostienen porque hay alguien de buena voluntad que “más que pensar en un negocio piensa en ayudar al desarrollo del deporte y es controlador de más del 20%. Entonces, tenemos que hacer una distinción entre unos y otros clubes para permitir que todos vivan, pero dentro de parámetros de competencia y transparencia que den seguridad a la gente de que aquí no hay cosas irregulares”, finalizó.

Por su parte, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) argumentó que “el problema que se ha suscitado es la participación de algunas personas naturales o jurídicas (…), empresas que tienen una ultra participación. O sea que son dueñas de un club, por ejemplo, en cifras que son superiores al 80% o 90%. Entonces, lo que se ha planteado aquí es que es necesario para dar oportunidades es que primero, que los clubes deportivos originales los que eran corporaciones o fundaciones puedan acceder a un porcentaje mayoritario de acciones y terminar con esa a restricción que establece la ley ósea puedan llegar al 51%.”

Por otro lado, explicó que ”la rebaja de las propiedades de estas sociedades en un máximo de 20% es un extremo, entre medio hay matices. Entre tener el 96% de la propiedad al 20% hay un rango bastante amplio y además tiene que haber un periodo de transición. Por ejemplo, ir bajando de a 10% de a 20% en un periodo de 5 a 10 años. Porque si no hay muchos clubes donde estos inversionistas han hecho inversiones importantes y significativas, para sacar adelante sus clubes, como por ejemplo, pagar las deudas previsionales que muchas de las corporaciones mantenían y que era millonarios o en equipamiento e infraestructura en compra de jugadores que no van hacer recuperadas. Entonces, eso genera un problema serio a los inversionistas. Además, se va a perder credibilidad en el sistema chileno”, puntualizó.

El parlamentario señaló que muchas de estas organizaciones deportivas no informan verdaderamente quiénes son los dueños, tampoco de sus balances, ni de quienes son los dueños que están detrás de las empresas, entonces también existe una falta de entrega de información para que la superintendencia pueda supervisar a estas sociedades anónimas. Y eso está generando mucho ruido. En el fondo hay que reconocer que el espectáculo del fútbol es un negocio y como negocio tiene que estar sujeto a las normas para cualquier otro negocio y la superintendencia tiene que tener facultades para supervisar, revisar y multar”, concluyó.