CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Modificar la Ley de Tránsito y la Ley 18.287, con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones y crear un registro de pasajeros de infractores, junto con modificar normas procedimentales, es el objeto del proyecto de ley(boletín 10125) que encabeza la tabla de este martes 22 de agosto.

La iniciativa, que cumplió su trámite en las comisiones de Transporte y Hacienda, establece como una infracción gravísima la conducta consistente en acceder a los servicios de transporte público remunerado de pasajeros utilizando cualquier mecanismo o instrumento que permita su uso, sin ser el titular del mismo. Además se establece como infracción grave la de utilizar los servicios de transporte público remunerado de pasajeros sin pagar la tarifa correspondiente.

Adicionalmente, y como contrapartida a la obligación de pagar la tarifa, se eleva la sanción -de infracción leve a grave- a la conducta consistente en no detener el vehículo de transporte público remunerado de pasajeros cuando ha sido requerido por un pasajero que desea subirse o bajarse del mismo, en los correspondientes paraderos.

El proyecto también detalla las atribuciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para regular los distintos medios de acceso al transporte público.

Ahora, con el objeto de facilitar el control del correcto uso de los referidos instrumentos y mecanismos y, en definitiva, perseguir el cumplimiento de las sanciones que se impongan en caso de detectarse su uso indebido, se establece que las personas que sean citadas a un juzgado de policía local y otorguen un domicilio falso o inexistente serán sancionadas con multa de hasta 10 UTM.

En este mismo sentido, se refuerzan las atribuciones de Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales y del personal autorizado de ferrocarriles para efectuar las tareas propias del control de la evasión, y se faculta a los concesionarios de uso de vías, los propietarios de buses y, en general, a los prestadores de servicio de transporte público remunerado de pasajeros, a constatar el cumplimiento de la obligación del pago de la tarifa por parte de los pasajeros, pudiendo para ello solicitar al evasor el abandono del vehículo, solicitando el auxilio de la fuerza pública.

Por otra parte, se establece que el instrumento o mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado de pasajeros con exención o rebaja tarifaria, es un documento entregado por la Administración, de carácter público, personal e intransferible.

A su vez, el proyecto tipifica delitos específicos de falsificación de los instrumentos que permitan el uso de transporte público remunerado de pasajeros al igual que otras conductas ilícitas asociadas a la vulneración de los medios tecnológicos de acceso al mismo.

Adicionalmente, el proyecto establece una nueva obligación que deberá ser anotada en la Hoja de Vida del Conductor, consistente en registrar las anotaciones que consten en el Registro de Pasajeros Infractores. Dicho registro, que actualmente se denomina "Sub Registro de Pasajeros Infractores" y es administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, será entregado al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones como una forma de dotarlo de efectos que generen los incentivos correctos para evitar la evasión del pago de la tarifa.

En otro orden de cosas, se incorporan modificaciones a la Ley 18.287, que establece el Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, tendientes a simplificar los trámites de citación y notificación a los mismos.

Finalmente, como una forma de incentivar el pago, el proyecto establece una rebaja de un 50% si el pago de la multa establecida por evasión se realiza dentro de los primeros cinco días de cursada la infracción.

Desaparición forzada de personas

Como segundo punto en la tabla, la Sala de la Cámara también analizará el proyecto de ley (boletín 9818), iniciado en moción, que modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de personas.

La iniciativa, que se encuentra en primer trámite constitucional, ya fue aprobada en general por la Sala, donde se le presentaron propuestas para modificar el texto legalque, en su revisión en la Comisión de Derechos Humanos, no fueron aprobadas y que proponían, entre otras cosas, un nuevo texto respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada; la no imprescriptibilidad de este; y otorgar una pena mayor en los casos en que el delito fuera cometido a mujeres embarazadas, adultos mayores y niños.

El proyecto reemplaza el actual título tercero del libro segundo del Código Penal definiéndolo como "De la desaparición forzada de personas, la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros agravios inferidos por los funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución”.

Asimismo, introduce como nueva norma en dicho cuerpo legal que "el empleado público o el que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, prive de libertad a una persona, seguida de la falta de información, o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o del ocultamiento de la suerte o paradero de la víctima, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años).

La propuesta legal contiene un segundo informe que será entregado por el diputado René Saffirio.

Otros proyectos

Continuando con el trabajo en Sala, los diputados también tratarán el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código del Trabajo, en materia de permisos para el trabajador, que se encuentra en primer trámite constitucional.
(boletines 6173-10299-7039-8282).

La propuesta legal viene con informe de la Comisión de Trabajo, que será informado por el diputado Cristián Campos.

Asimismo, se abocará al estudio del proyecto de ley (boletín 8049), iniciado en moción, que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile, que se encuentra en primer trámite constitucional.

La iniciativa presenta informes de las comisiones de Derechos Humanos y Constitución, los cuáles serán informados por los diputados Tucapel Jiménez y Leonardo Soto, respectivamente.